En el marco de una severa convulsión institucional y financiera, la Jefatura de Estado paraguaya ha quedado vacante tras la renuncia de Santiago Peña.
La medida sobrevino tras la medida tomada por el Banco Central del Paraguay (BCP) el pasado martes de intervenir el Ueno Bank a causa de serias deficiencias en su solvencia, lo que llevó a la suspensión total de sus actividades y dejó congelados los fondos de unos tres millones de clientes, cifra que equivale a cerca del 50% de la población del país. A la drástica medida bancaria le siguieron arrestos a la cúpula directiva —incluyendo a su titular, Miguel Vázquez—, la dimisión del presidente de la entidad monetaria, Carlos Carvallo, y masivas jornadas de movilización en la capital que derivaron en choques con los efectivos de seguridad.
El anuncio de la renuncia del mandatario colorado —quien había asumido su gobierno en agosto de 2023 con término de gestión proyectado para 2028— se hizo formal mediante una alocución grabada publicada en su perfil oficial de X. Durante su pronunciamiento, el ahora exjefe de Estado sostuvo que su apartamento del cargo busca priorizar la paz social, el resguardo de la institucionalidad y la estabilidad nacional, expresando asimismo sus disculpas a la ciudadanía por si hubiese fallado a su confianza. En su mensaje, remarcó que el propósito de su determinación es asegurar que el Fondo de Garantía de Depósitos cumpla su función y se devuelva el dinero tanto de los ahorristas particulares como de los fondos públicos afectados.
La salida de Peña coincidió con un vertiginoso avance legislativo en la Cámara de Diputados, donde sectores de la oposición, acompañados por bancadas oficialistas, impulsan la apertura de un juicio político no solo contra el presidente saliente, sino también contra el vicepresidente Pedro Alliana. Las imputaciones apuntaban al mal desempeño de las funciones ejecutivas y a la presunta presencia de un conflicto de intereses. La controversia giraba en torno a los vínculos comerciales que el mandatario mantuvo en el pasado con el conglomerado dueño del banco intervenido —firma de la cual se desvinculó en 2025— y al supuesto otorgamiento de un tratamiento regulatorio favorable, además del destino de recursos estatales e instrumentos previsionales hacia esa entidad financiera.
Con este desenlace se abre un proceso de transición en el Poder Ejecutivo de la República del Paraguay, el cual deberá tramitarse con arreglo a las previsiones contempladas en la Carta Magna para la sucesión presidencial. El panorama posterior a la dimisión deja un escenario de alta tensión social marcada por el reclamo ininterrumpido de los depositantes por la restitución inmediata de sus capitales, al tiempo que el sistema político evalúa los mecanismos constitucionales a seguir tras la interrupción del mandato constitucional.
