El personal de enfermería de la provincia de Jujuy ha manifestado su firme reclamo frente a la constante pérdida del poder adquisitivo y el crítico escenario económico que atraviesa.
A través de Patricia Ayala, Secretaria adjunta del Sindicato Único de Personal de Enfermería de Jujuy (SUPEJ), el colectivo profesional catalogó como insustancial la cifra que trascendió como posible bono extraordinario de fin de año y exigió un haber recompositivo que esté alineado con el verdadero costo de vida y la canasta básica familiar.
La representante gremial cuestionó con severidad la suma de $300.000 que circuló de manera extraoficial en el ámbito gubernamental, calificándola como un despropósito frente a las necesidades reales de los trabajadores del sector sanitario. Ayala señaló que el gremio considera indispensable que la asignación supere el millón y medio de pesos para aliviar el elevado nivel de endeudamiento al que se ven empujados los enfermeros. Según expuso, los haberes de los contratados —que promedian entre el millón y el millón cien mil pesos— resultan insuficientes ante el incremento continuo de los servicios y del transporte, rubro este último que demanda hasta $100.000 mensuales a quienes deben trasladarse cotidianamente a sus puestos de trabajo, dejando sus ingresos netos fuertemente reducidos por la toma recurrente de préstamos para cubrir gastos elementales.
En este marco, la dirigente sindical cruzó fuertemente el orden de prioridades de la administración provincial al denunciar un trato dispar en la asignación de recursos públicos. Ayala recriminó que mientras el Ejecutivo alega habitualmente escasez presupuestaria para atender los requerimientos paritarios de la salud pública, al mismo tiempo contempla el uso de fondos propios multimillonarios en dólares para financiar obras de infraestructura vial como la Ruta 9 en caso de no percibir partidas nacionales. Asimismo, remarcó la desigualdad que padece el sector al no contar con un beneficio de pasaje gratuito o diferenciado para el transporte, otorgamiento que sí poseen otras dependencias estatales como educación o seguridad, al tiempo que insistió en la urgencia del reconocimiento profesional formal de la actividad.
La problemática económica se suma al paulatino deterioro en las condiciones cotidianas de labor que se registra en hospitales y centros asistenciales de la provincia. La referente del SUPEJ describió que la falta de cobertura de vacantes generadas por jubilaciones —como ocurrió en su propio espacio laboral con 12 cesantes no reemplazados— ha derivado en una marcada sobrecarga de tareas sobre el personal activo, panorama que se agrava por la carencia recurrente de insumos informáticos y herramientas operativas básicas para responder a las exigencias administrativas diarias.
