El fuero penal de la provincia afrontará próximamente un proceso oral y público de considerable impacto institucional, motivado por las maniobras de corrupción y defraudación descubiertas en las dependencias del Juzgado Contravencional N° 1.
A partir del 12 de noviembre a las 8:30 horas en el Palacio de Tribunales, la jueza María del Rosario Hinojo, en su rol de presidenta de trámite, encabezará el tribunal junto a los vocales Felicia Barrios y Mario Puig. El cronograma de audiencias para la recepción de pruebas y testimonios continuará los días 16, 17, 24, 27 y 30 de noviembre, aunque no se descarta la posibilidad de que se concreten acuerdos de juicio abreviado para algunos de los procesados antes de dichas fechas.
El banquillo de los acusados sentará a cinco personas identificadas como Matías Yebara, señalado como la cabeza de la organización, e imputados de apellidos Aguayo, Ramos, Rodríguez y Taritolay. La causa, instruida por el fiscal Diego Funes, atribuye a Yebara los ilícitos de jefatura de asociación ilícita, fraude a la administración pública y lavado de activos agravado, destacándose que este último ya purga una pena de prisión efectiva por delitos de estafa anteriores. La hipótesis de la fiscalía sostiene que los imputados utilizaban sus funciones dentro del organismo judicial para engañar a los ciudadanos que acudían a cancelar sus sanciones contravencionales.
El modus operandi desplegado consistía en desviar los pagos de las multas hacía cuentas bancarias particulares de los involucrados o de sus allegados, sorteando los canales oficiales del Estado. Para consumar las maniobras y ocultar el rastro del dinero, la banda recurría al uso de sellos oficiales apócrifos, así como al traspapeleo, sustracción y ocultamiento intencional de los expedientes. Estas acciones sistemáticas permitían borrar los antecedentes de las deudas de los infractores mientras los fondos quedaban en manos de los procesados.
En forma paralela, el Ministerio Público de la Acusación mantiene en trámite una investigación conexa dirigida a esclarecer el nivel de responsabilidad del exmagistrado José Matías Ustárez Carrillo, anterior titular de dicha dependencia judicial, quien fue imputado formalmente por incumplimiento de los deberes de funcionario público en el marco del desvío millonario. Pese a que Yebara prestó declaración durante la instrucción, sus dichos no aportaron elementos sustanciales sobre la participación del exjuez; no obstante, el expediente contiguo continúa en curso. Ante el avance del proceso en su contra, Ustárez Carrillo presentó su dimisión al cargo, la cual se hizo efectiva por decisión del Poder Ejecutivo el 31 de julio de 2025.
