La Organización Internacional del Trabajo (OIT) informó que el 42% de los trabajadores se encuentran en la informalidad.
El mercado laboral argentino enfrenta desafíos estructurales de gran magnitud, donde el aumento del desempleo y la caída del salario se entrelazan con una alarmante tasa de informalidad. Cerca de 9.000.000 de trabajadores, es decir, el 42% de los ocupados, se encuentran sin registro, lo que impacta directamente en sus condiciones laborales, ingresos y acceso a derechos básicos como la seguridad social.
De un total de 21.100.000 de personas ocupadas, 8.800.000 trabajan en la informalidad. Dentro de este universo, 5.500.000 son asalariados sin aportes y 3.300.000 son trabajadores independientes no inscriptos, según el último informe de Argendata.
La probabilidad de encontrarse en la informalidad varía drásticamente según el tipo de ocupación. Entre los asalariados, el 36% no está registrado, mientras que esta cifra se eleva al 57% para los trabajadores independientes. Curiosamente, la informalidad alcanza al 62% de los cuentapropistas, pero desciende a menos del 20% entre los patrones, quienes son dueños de pequeñas empresas.
Ciertas actividades concentran los mayores niveles de trabajo informal. Rubros como el agro, la gastronomía, el servicio doméstico y la construcción superan el 60% de informalidad. En contraste, sectores como el petróleo, la minería o las finanzas presentan cifras casi inexistentes, por debajo del 15%.
En cuanto a la distinción entre sectores, la informalidad en el ámbito público es de las más bajas, con menos del 10%, mientras que en el sector privado roza el 50%, aunque con marcadas diferencias internas por rama de actividad.
Geográficamente, el Norte Grande muestra los niveles más elevados de informalidad asalariada. En Salta, Santiago del Estero y Tucumán, más de la mitad de los trabajadores carece de aportes. En el otro extremo, las provincias patagónicas y la Ciudad de Buenos Aires registran los índices más bajos. Por ejemplo, Tierra del Fuego y Santa Cruz tienen cifras inferiores al 20%. Esta desigualdad se vincula directamente con el desarrollo económico y la estructura productiva de cada región.
Las provincias del norte, con un bajo PBI per cápita, tienen pocas empresas por habitante y una alta concentración en actividades agrícolas, mientras que la Patagonia se caracteriza por la fuerte presencia de grandes industrias que emplean de manera formal y exigen lo mismo a sus proveedores.
