En el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito que rodea a Claudio “Chiqui” Tapia, la Justicia federal ha avanzado con una serie de contundentes medidas dirigidas a reconstruir minuciosamente el patrimonio del titular de la AFA.
El Juez Ariel Lijo, tras dar lugar a los requerimientos impulsados por el Fiscal Gerardo Pollicita, dispuso un abanico de diligencias que buscan auditar sus ingresos y movimientos financieros desde su paso por la empresa estatal CEAMSE, entidad en la que se desempeña desde 2014 y cuya presidencia asumió en 2024. La causa judicial tuvo su origen en una denuncia interpuesta por el empresario Guillermo Tofoni, en la cual se advierte sobre un probable incremento patrimonial de aproximadamente un 1000% registrado en el período comprendido entre 2017 y 2024.
Entre los requerimientos firmados por el magistrado sobresale un exhorto internacional enviado a Suiza, con el objetivo de que las autoridades de la FIFA detallen el origen y fundamento de tres Giros específicos concretados a cuentas bancarias del dirigente en los años 2018, 2019 y 2020, los cuales suman montos por US$49.585,53, US$124.583,56 y US$15.408,09. En paralelo, la pesquisa puso el foco en el Sindicato de Choferes de Camiones para esclarecer 37 acreditaciones ejecutadas en la cuenta sueldo de Tapia por un monto global de $1.494.678,79 entre enero de 2016 y enero de 2019. Asimismo, se instó a la Asociación del Fútbol Argentino a fundamentar el uso de tarjetas de crédito corporativas emitidas a su nombre, justificar unos $30.000.000 percibidos en concepto de viáticos y detallar cinco transferencias hechas a sus cuentas particulares entre 2020 y 2023 por un valor acumulado de $1.476.000.
El cerco de los investigadores no solo abarca las transferencias institucionales y los viáticos, sino que se extiende a todo el esquema patrimonial personal y familiar de Tapia. El Juez Lijo solicitó al Registro de la Propiedad Automotor las fichas y legajos de vehículos en los que el titular futbolístico estuvo autorizado a conducir desde 2016 —incluyendo un BMW X4 adquirido a mediados de 2020—, pidió acceder a los anexos reservados de sus declaraciones juradas presentadas en la Ciudad de Buenos Aires entre 2016 y 2022, y requirió al CEAMSE la verificación de sus legajos laborales de 2006. De manera complementaria, el juzgado solicitó informes al sistema bancario, la Caja de Valores, COELSA y a la agencia tributaria ARCA para confirmar posibles movimientos en billeteras virtuales, operaciones en cajas de seguridad, cuentas comitentes o adhesiones a regímenes de regularización de activos bajo la ley 27.743.
Un aspecto central de la resolución judicial radica en el levantamiento explícito del secreto bancario, fiscal, financiero y bursátil dictado sobre Paola Moyano, exesposa de Tapia. Las actuaciones judiciales revelaron que Moyano figuraba registrada como firmante en un par de cuentas de su expareja y compartía la cotitularidad de una caja de seguridad, motivo por el cual Pollicita instó a fiscalizar de manera integral su perfil crediticio, registros de facturación, tenencia de activos e inversiones tanto en el país como en el exterior. Las autoridades judiciales aclararon que la totalidad de las medidas probatorias y los relevamientos cruzados buscan cotejar los bienes acumulados contra las declaraciones formales de ingresos, sin que la sustanciación de estos pedidos signifique, por sí misma, la atribución definitiva de una irregularidad penal.
