Un tribunal federal ha dictado el procesamiento con prisión preventiva para cuatro reclusos alojados en el Establecimiento Penitenciario Nº 7 de San Salvador de Jujuy, imputados por integrar una red delictiva dedicada a cometer defraudaciones y chantajes.
De acuerdo con el fallo emitido por el magistrado Julián Ercolini, los encausados enfrentan cargos por asociación ilícita, estafa, extorsión y usurpación de autorizaciones públicas. La mecánica delictiva se sostenía a través de dispositivos móviles que los presuntos responsables mantenían ocultos en sus pabellones, mediante los cuales operaron de forma ininterrumpida en el período comprendido entre noviembre de 2024 y octubre de 2025.
El ardid principal consistía en la suplantación de identidad de Horacio Rosatti, actual titular de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Para consumar los engaños, los convictos entablaban comunicación con dependencias policiales y penitenciarias simulando ser altos funcionarios de la magistratura con el pretexto de efectuar relevamientos humanitarios. De este modo, obtenían nóminas de personas privadas de la libertad y las vías de contacto de sus allegados. Posteriormente, empleaban perfiles de mensajería instantánea adornados con retratos del supremo magistrado y fotografías del Palacio de Tribunales para exigir transferencias monetarias a cambio de tramitaciones judiciales, fianzas o resoluciones de libertad totalmente falsas.
Adicionalmente, a la extorsión de familiares de detenidos —que en un caso llegó a implicar el envío de $450.000 para una supuesta gestión ante el penal de Ezeiza—, la banda desplegaba maniobras mediante la simulación de ser ejecutivos corporativos. Bajo esta modalidad, notificaban a víctimas desprevenidas sobre la adjudicación de premios ficticios como automóviles o equipamiento tecnológico, condicionando la entrega al depósito previo de sumas administrativas. Las pesquisas documentaron damnificados por montos que oscilaron entre los $429.500 y sumas cercanas a los $10.000.000, capitales que ingresaban a billeteras digitales e instrumentos bancarios vinculados a denominaciones que aparentaban pertenecer al Poder Judicial.
El origen de la causa se remonta al 25 de noviembre de 2024, cuando una llamada sospechosa realizada al Departamento de Investigaciones Especiales de la PFA encendió las alarmas de los peritos, quienes rastrearon el origen de la señal hasta las cercanías del presidio jujeño. En las requisas realizadas en el establecimiento se incautaron terminales celulares, tarjetas SIM y cuadernos de anotaciones detallados. Al constatar que las actividades ilegales persistieron aún después de los primeros secuestros de material, el magistrado interviniente determinó la prisión preventiva de los implicados al argumentar un claro conocimiento de la ilegitimidad de sus actos, disponiendo además una traba de embargo sobre sus bienes por un monto de $5.000.000 para cada uno de los involucrados.
