Una ola de malestar e indignación se desató en el seno del Sindicato de Empleados y Obreros Municipales (SEOM) luego de que salieran a la luz las grandes cifras que la administración provincial destina a la pauta publicitaria oficial en medios de comunicación afines.
Desde el gremio remarcaron el profundo contraste entre esta distribución de fondos públicos y las paritarias que enfrenta el sector, donde las ofertas salariales resultan notoriamente insuficientes, alcanzando un escaso dos por ciento de incremento que no logra frenar la pérdida del poder adquisitivo de las familias municipales.
El Secretario General del SEOM, Sebastián López, cargó duramente contra el Poder Ejecutivo al sostener que la provincia sí cuenta con recursos económicos, pero carece de la voluntad política necesaria para volcarlos al bienestar de los trabajadores. El dirigente recriminó que, mientras en las mesas de negociación el discurso oficial insiste en la falta de presupuesto para negar recomposiciones salariales dignas, la transparencia de estos números evidencia como millones de pesos se canalizan mes a mes hacía la difusión mediática.
Por otra parte, el referente del SEOM analizó el escenario político local y nacional, señalando una marcada desconexión entre la agenda electoral de los candidatos y las problemáticas urgentes que aquejan cotidianamente a la ciudadanía. Según expresó, temas centrales como el desempleo, la inseguridad y los fuertes incrementos en las tarifas del servicio eléctrico quedan al margen del debate, al tiempo que criticó la falta de una oposición firme en la Cámara de Diputados, intendencias y concejos deliberantes que no termine subordinada a los intereses del gobierno de turno.
Finalmente, López advirtió que desde la gestión provincial se impulsan proyectos legislativos polémicos con el fin de medir el margen de tolerancia y respuesta social ante el ajuste. En ese sentido, comparó varias de las medidas aplicadas a nivel provincial con las políticas implementadas en el plano nacional, concluyendo que este tipo de acciones vulneran los derechos adquiridos, deterioran de manera profunda el tejido social de la provincia y alimentan el creciente desacuerdo de la población hacia la clase política.
