Por falta de pago y desacuerdos en los valores prestacionales, el sector médico privado de todo el país lleva adelante una medida de fuerza por 48 horas durante este miércoles 21 y jueves 22 de octubre.
La huelga, impulsada por entidades como la Cámara Argentina de Prestadores de la Seguridad Social (CAPRESS), ACAMI, Salud Federal y Clínicas de la Patagonia, implica la suspensión temporaria de servicios programados para los casi seis millones de afiliados de PAMI. Si bien el cese de actividades no afectará la atención en las guardias ni las urgencias médicas, genera una suspensión preventiva de cirugías pactadas, turnos para estudios y consultas ambulatorias en un marco donde los representantes del sector reclaman una solución urgente para sostener el funcionamiento del sistema.
Las organizaciones gremiales e institucionales que agrupan a sanatorios y centros médicos justificaron la decisión al denunciar que las gestiones entabladas durante los últimos meses ante el Ministerio de Salud de la Nación y el propio PAMI no han producido ningún avance favorable. Asimismo, advirtieron que continúa sin respuesta una solicitud de reunión de carácter urgente dirigida al Jefe de Gabinete, Diego Santilli, fechada el pasado 14 de septiembre. De acuerdo con lo planteado por los sanatorios, el desfasaje acumulado en los honorarios y aranceles médicos oscila entre el 100% y el 131% en relación con el índice inflacionario de los últimos dos años, a lo que se añade un creciente atraso en el desembolso de los pagos corrientes por parte de la obra social estatal.
En el pliego de reclamos elevado por el sector privado de la salud figuran la recomposición inmediata de los aranceles en función del costo real de vida, la normalización de la cadena de cobros y una reformulación profunda en la estructura operativa del PAMI. Sumado a las complicaciones financieras y al temor por la continuidad laboral del personal técnico y profesional, las entidades cuestionan la decisión del organismo de derivar convenios de atención hacia el sistema público de salud. A criterio de las clínicas, este desvío despoja de pacientes al ámbito privado e incrementa la saturación de los hospitales estatales, los cuales ya operan al límite de su capacidad instalada.
La medida evidencia la importante dependencia que el sistema sanitario nacional tiene respecto a la infraestructura privada, la cual agrupa a más de 1.600 instituciones con internación (equivalentes al 51% del total nacional) y concentra el 56% de la disponibilidad de camas operativas del país. Esta tensión con la obra social de los jubilados no resulta un hecho aislado, ya que registra antecedentes recientes como la suspensión de prestaciones dispuesta a finales de agosto en las provincias patagónicas de La Pampa, Chubut, Río Negro y Neuquén —medida que perjudicó a casi 300.000 beneficiarios—, a la que se sumaron paros similares en Mendoza, San Juan, Córdoba y el conurbano bonaerense, además de adhesiones por parte de médicos de cabecera, odontólogos y especialistas oftalmológicos.
