Una creciente crisis económica afecta de lleno a los hogares de la provincia de Jujuy, donde el 75% de los residentes atraviesan serias complicaciones para afrontar el costo mensual del servicio de electricidad.
La gravedad del panorama ha llegado al punto de obligar a numerosas familias a priorizar sus necesidades básicas antes de abonar la boleta energética, situación que se torna aún más compleja ante los recargos por mora y las subas dispuestas a nivel nacional en la generación y distribución de la luz.
Ante este escenario de vulnerabilidad social, la Defensoría del Pueblo local aunó esfuerzos con la Asociación de Defensores de la República Argentina (ADRA) para interceder de manera oficial ante el Gobierno nacional. A través de una presentación remitida al Ministerio de Economía y a la Secretaría de Energía de la Nación, los organismos defensores exigieron frenar los desmedidos incrementos tarifarios previstos e impulsar una reestructuración completa del régimen de subsidios, alertando sobre el fuerte impacto que provocan los recortes anunciados en la economía cotidiana provincial.
En el ámbito estrictamente local, el organismo provincial aclaró que la principal sobrecarga sobre el presupuesto familiar responde a las decisiones macroeconómicas referentes al transporte y la generación de la energía, y no de forma exclusiva a los tributos municipales incluidos en las facturaciones. No obstante, los análisis efectuados en territorio jujeño confirman que las dificultades para pagar la luz abarcan a un rango estimado de entre el 70% y el 75% de la población, constituyendo un conflicto cotidiano de gran magnitud para las comunidades locales.
A la par de estos reclamos de escala nacional, la atención se concentra en la empresa distribuidora EJESA, cuyo contrato de concesión se encuentra bajo la mirada pública. Miles de firmas presentadas por vecinos de diversas localidades en el Parlamento jujeño impulsan la revisión de los términos de dicha concesión e instan a retirar cobros adicionales. Desde la Defensoría expresaron una postura favorable a la apertura de un debate legislativo que evalúe y optimice el desempeño del servicio, adecuándose a la realidad actual sin romper con el marco de seguridad jurídica.
