La dirigencia del Sindicato de Empleados y Obreros Municipales de Jujuy manifestó una tajante postura en contra de la propuesta salarial promovida por las autoridades provinciales, la cual pretende concluir los debates paritarios mediante la entrega de un bono de fin de año.
La organización sindical dejó en claro que no acepta dar por concluidas las tratativas ni postergar los reclamos hasta la llegada del mes de marzo de 2027, al tiempo que insiste en la urgente necesidad de recomponer las remuneraciones de los trabajadores para que estas logren equipararse al costo real de la canasta familiar básica, cifra que en la actualidad sobrepasa $1.600.000.
El máximo representante de la entidad gremial, Sebastián López, desmintió de forma categórica que los sectores laborales hayan dado su visto bueno al porcentaje de incremento fijado por el Gobierno provincial y cuestionó con dureza la maniobra del Ejecutivo para clausurar el diálogo de forma unilateral. El referente sindical argumentó que el monto otorgado resulta notoriamente insuficiente frente al contexto económico actual y criticó la intención de sustituir una discusión salarial legítima con un bono fraccionado en tres tramos entre los meses de diciembre, enero y febrero, una medida que nunca formó parte de los petitorios elevados por el personal municipal.
Sumado al desacuerdo con la pauta general provincial, el panorama en los distintos distritos jujeños evidencia una marcada escalada de protestas y medidas de fuerza debido a la falta de respuestas por parte de los funcionarios. Escenarios de alta tensión con ollas populares y concentraciones continúan vigentes en localidades como Humahuaca, donde las instancias administrativas dictadas aún no ofrecieron avances concretos, mientras que en otros puntos como La Esperanza el personal mantiene vigentes jornadas de retención de tareas operativas como forma de visibilizar la disconformidad.
Finalmente, la conducción del gremio apuntó contra la falta de soluciones de fondo para resolver los problemas de precarización contractual que afectan a un universo superior a los 24.000 agentes comunales de toda la provincia. Desde el sindicato recalcaron el perjuicio persistente que sufren los empleados al no contar con el pase a planta permanente, la recategorización correspondiente ni el blanqueo de sus haberes, haciendo un llamado formal a los intendentes para que intervengan activamente ante la gobernación e impulsen normativas clave como la ley de coparticipación que garantice previsibilidad y justicia laboral.
