Al conmemorarse 6 años del femicidio que conmocionó a Palpalá y a toda la provincia, Mónica Cunchila y Juan Rueda reabrieron las heridas de una pérdida irreparable para exigir respuestas ante los constantes obstáculos en el ámbito judicial.
Durante una nueva jornada de conmemoración por la desaparición y asesinato de la joven de 16 años, los allegados manifestaron el sufrimiento cotidiano que atraviesan desde aquel trágico evento. En sus declaraciones, recordaron los proyectos que la adolescente no pudo concretar, incluyendo sus metas educativas y sus planes a futuro, al tiempo que recalcaron la imperiosa necesidad de que las instituciones garanticen una verdadera equidad procesal.
Uno de los principales reclamos presentados por la querella familiar apunta de manera directa a la situación de reclusión de Tomás Abel Fernández, el responsable con condena firme por el femicidio. La madre de la víctima expuso su malestar al señalar que el imputado continúa alojado en un área reservada para menores en el penal de Alto Comedero, a pesar de contar con la mayoría de edad y una sentencia dictada. Desde el entorno de Iara cuestionaron duramente las decisiones de las autoridades judiciales de ejecución por no hacer efectivo su traslado al penal de Gorriti junto a los demás reclusos adultos, calificando este escenario como un beneficio injustificado para el ejecutor del delito.
Sumado al cuestionamiento por las condiciones de detención del condenado, la familia hizo hincapié en el estancamiento de las actuaciones radicadas contra las fuerzas de seguridad. Los progenitores denunciaron irregularidades y demoras deliberadas en la causa que evalúa el desempeño de los efectivos policiales que actuaron de forma deficiente durante las primeras instancias de rastreo y recepción de la denuncia. Mónica Cunchila exigió que los tribunales pertinentes determinen de inmediato la fecha de debate oral para los agentes involucrados en la negligencia operacional, sosteniendo que la falta de sanciones a los funcionarios públicos sienta un precedente de impunidad en la jurisdicción local.
A pesar del desgaste generado por el transcurso de los años y la burocracia estatal, la causa logró consolidar la implementación de la denominada Ley Iara, una iniciativa impulsada para optimizar los mecanismos de prevención y respuesta frente a la violencia contra las mujeres. Si bien reconocen que la normativa visibilizó la problemática e incrementó la radicación de exposiciones, los familiares remarcaron la urgencia de fortalecer la instrucción técnica dentro de los estamentos educativos y de seguridad. Por su parte, Juan Rueda reafirmó el compromiso de sostener la búsqueda de justicia como un mensaje de acompañamiento para la sociedad, asegurando que continuarán firmes frente a los desvíos institucionales.
