A pesar de las constantes promesas de progreso y el dinamismo económico anunciado por las autoridades provinciales respecto al sector minero, referentes legales y expertos técnicos han encendido las alarmas sobre el impacto socioambiental y financiero de la actividad extractiva en la Puna jujeña.
Mientras el discurso hegemónico pone el foco en los récords de ventas al exterior y la atracción de capitales internacionales, diversos análisis revelan una marcada discrepancia entre los indicadores macroeconómicos y las consecuencias reales que sufren los habitantes locales en sus territorios cotidianos. Desde la defensa ambiental, la abogada Alicia Chalabe sostuvo que las cifras deslumbrantes que se difunden públicamente suelen omitir el elevado costo ambiental y el desgaste de los bienes comunes esenciales que implica esta industria.
La mayor preocupación reside en la sobreexplotación de las fuentes hídricas subterráneas en áreas catalogadas bajo severo estrés ambiental. El método de obtención requiere alrededor de 2.000.000 de litros de agua por cada tonelada de carbonato de litio procesada, insumo que se extrae de cuencas endorreicas cerradas cuyas reservas de agua fósil son finitas. En zonas emblemáticas como el Salar de Olaroz, la demanda hídrica para el proceso de evaporación industrial ya absorbe una proporción sustancial de las reservas existentes, panorama que amenaza con agravarse si se ponen en marcha nuevas fases operativas. Esta presión sobre las napas subterráneas representa una amenaza directa para el frágil equilibrio ecológico de la región y para los medios de vida de los pobladores que dependen de la ganadería y el pastoreo.
A las advertencias hídricas se suma la crítica al marco normativo y fiscal bajo el cual se desempeñan las compañías multinacionales. El porcentaje de regalías que efectivamente ingresa a las arcas provinciales apenas representa un 1,6% sobre el valor total extraído, al tiempo que las tasas aplicadas al consumo industrial de agua resultan mínimas en comparación con la importancia estratégica del recurso. A su vez, defensores ambientales señalan que en varias iniciativas de prospección se aplican normativas de control permisivas, permitiendo la flexibilización de los estudios de impacto ambiental y soslayando análisis profundos e integrales sobre las dinámicas de las cuencas hídricas con el fin de acelerar las habilitaciones administrativas.
Por último, las comunidades originarias que habitan los salares enfrentan un panorama desfavorable debido a la falta de mecanismos claros de información pública y al incumplimiento sistemático del derecho a la consulta previa, libre e informada. Aunque se suelen promocionar obras de infraestructura hídrica costeadas con aportes del sector minero, el destino prioritario de estos proyectos busca asegurar la logística y operatividad de las propias compañías extractivas. Esta situación profundiza un esquema desigual en el que, en paralelo al auge del negocio exportador, las poblaciones locales continúan conviviendo con la escasez hídrica y la postergación económica en sus propios territorios.
