Las presuntas maniobras fraudulentas y la severa crisis en el esquema tarifario de la energía eléctrica en el norte del país han comenzado a captar la atención de la prensa de alcance nacional.
Recientemente, una investigación publicada por Ámbito Financiero sacó a la luz la denuncia penal interpuesta contra la Empresa Jujeña de Energía S.A. (EJESA) por presunta evasión tributaria e irregularidades en el manejo de impuestos federales, salpicando además al grupo controlante que opera la firma EDET en Tucumán.
El eje central del conflicto legal, promovido inicialmente por la presentación del ingeniero Farfán contra el holding Edison Energía —perteneciente a los hermanos Juan y Patricia Neuss—, apunta a dos maniobras principales contra las arcas públicas. Por un lado, se investiga la supuesta evasión fraudulenta del IVA aplicado sobre el Sistema de Acompañamiento Provincial (SAP); por el otro, la presunta apropiación indebida de los tributos a los Combustibles Líquidos (ITC) y al dióxido de carbono, maniobras que involucrarían cifras superiores a los $6.600.000.000 en un único período.
Al respecto, el abogado Alejandro Mur, integrante de la Comisión de Defensa de los Consumidores y Usuarios (CODECUC), remarcó en declaraciones radiales la importancia de que los medios nacionales visibilicen este entramado que suele ser omitido a nivel local. Asimismo, el especialista cuestionó la marcada pasividad institucional ante el caso, señalando que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) no ha emitido dictamen formal sobre los hechos y que el expediente penal iniciado a comienzos de año en la Justicia Federal de Jujuy permanece sin avances procesales significativos.
Finalmente, Mur contrapuso el estancamiento judicial y político en la provincia de Jujuy —donde las iniciativas vecinales contra los aumentos han sido archivadas en la Legislatura— con la masiva movilización social ocurrida en Tucumán frente a los cobros de EDET. En ese sentido, advirtió sobre la posible complicidad de sectores gubernamentales beneficiados por las tasas incluidas en los comprobantes y adelantó que desde CODECUC evalúan presentarse como querellantes en la causa federal, al tiempo que buscan coordinar acciones con agrupaciones de la provincia vecina para frenar los abusos tarifarios.
