La Justicia jujeña resolvió la situación procesal de la cúpula directiva que encabezó el municipio de Tilcara durante la causa denominada “cheques voladores”.
Tras admitir los hechos imputados y asumir su responsabilidad en la maniobra, el exjefe comunal Ricardo Romero recibió una condena de 3 años de prisión en suspenso junto con la inhabilitación absoluta y de por vida para desempeñarse en la función pública. El fallo se dictó a través de un juicio abreviado realizado en las instalaciones de los Tribunales de la capital provincial, donde también se fijaron sanciones para otro de los exintegrantes del gabinete municipal.
La investigación judicial determinó que las irregularidades económicas tuvieron lugar en enero de 2018, en el marco de las actividades desarrolladas para la realización del tradicional festival Enero Tilcareño. De acuerdo con lo establecido en el expediente, durante dicho periodo la gestión emitió un total de 46 cheques sin la correspondiente disponibilidad de fondos para abonar prestaciones a proveedores, agrupaciones musicales y productores del evento. El impacto económico ocasionado por la maniobra alcanzó una cifra cercana a los $35.000.000, perjudicando de manera directa a los prestadores de servicios intervinientes.
En la misma causa también fue sentenciado Juan José Ortega, quien ejercía el cargo de tesorero de la comuna al momento de concretarse los ilícitos. Al igual que el exintendente, el exfuncionario dio su conformidad para dar por cerrado el procedimiento mediante el esquema abreviado. El tribunal le fijó una pena de 2 años de cárcel de ejecución condicional e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos, tras ser hallado responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado, imputación que abarca 4 hechos específicos.
Por su parte, las calificaciones legales que recayeron sobre el exintendente Romero incluyeron los delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la Administración Pública (4 hechos), abuso de autoridad, concusión y exacciones ilegales. La causa judicial había tomado impulso inicial a partir de las revelaciones difundidas por un programa televisivo de Jujuy. El tribunal a cargo del dictamen estuvo compuesto por los 3 magistrados Ana Carolina Pérez Rojas, María Margarita Nallar y Alejandro Máximo Gloss, en tanto que la acusación quedó a cargo del fiscal Diego Funes en representación del Ministerio Público de la Acusación.
