Una creciente inquietud se vive en la ciudad fronteriza de La Quiaca a raíz de las recientes disposiciones implementadas por ARCA.
Ante las posibles consecuencias financieras de esta normativa, comerciantes y trabajadores del sector impulsaron este jueves 22 de octubre una movilización pacífica por las calles céntricas de la localidad, buscando llamar la atención de la opinión pública e instancias gubernamentales sobre la situación que atraviesan.
La protesta surge como respuesta directa a la Resolución General 5910/2026. Esta norma fija un tope máximo de 150 dólares diarios por individuo para el Tráfico Vecinal Fronterizo, al tiempo que prohíbe dentro de dicho régimen la circulación de bultos o envases que pesen 10 kilos o más, así como el transporte de granos como soja, maíz y trigo. Quienes integran la actividad comercial argumentan que estas trabas menoscaban el intercambio cotidiano y golpean a diversos rubros locales, incluyendo a paseros, vendedores ambulantes, taxifleteros, estibadores y carreteros.
Referentes de la zona calculan que cerca de 3.500 personas tienen en esta actividad su principal sustento económico y advierten que las nuevas reglas amenazan su estabilidad laboral. Asimismo, critican fuertemente la ausencia de instancias de transición gradual y la falta de mecanismos de formalización diseñados a la medida de los pequeños actores de la economía fronteriza, cuya subsistencia diaria depende del tránsito ininterrumpido de mercaderías.
Para canalizar el reclamo y coordinar acciones ante los entes nacionales de fiscalización, dirigentes del sector se reunirán con el Gobernador provincial, Carlos Sadir. La meta central de esta gestión es la apertura inmediata de una mesa de diálogo participativo que reúna a la Aduana, ARCA y a los portavoces de la comunidad local, para articular soluciones que concilien el cumplimiento del control normativo con el resguardo de las fuentes de trabajo.
La problemática impacta en el corazón de una comunidad cuya economía se ha cimentado históricamente en la dinámica transfronteriza. Los manifestantes sostienen que estas medidas no perjudican únicamente a los locales comerciales, sino también a miles de familias quiaqueñas, por lo que insisten en la necesidad de que las políticas nacionales de control consideren las particularidades sociales y operativas del contexto local.
