Se confirmó una nueva amenaza de violencia en un establecimiento educativo de Jujuy, lo que obligó a activar protocolos de máxima alerta en las escuelas.
El episodio ocurrió en la Escuela Provincial de Comercio N° 3 “José Manuel Estrada”, ubicada en el barrio Santa Rosa de San Salvador de Jujuy, donde apareció una inscripción intimidatoria en uno de los baños.
El mensaje, escrito a mano sobre una de las paredes del sanitario, decía: “tiroteo el 24/4”. La advertencia, con fecha prevista para el próximo viernes, generó una fuerte inquietud entre padres, docentes y estudiantes, y disparó de inmediato las medidas de seguridad internas del colegio.
Este hecho se suma al operativo realizado durante en Libertador General San Martín, luego de que se denunciara una amenaza similar en la Escuela Herminio Arrieta ante la Seccional Nº 11. La seguidilla de casos encendió las alarmas en el ámbito educativo y en las fuerzas de seguridad de la provincia.
Ante la detección de la inscripción en el “Provi 3”, se pusieron en marcha los procedimientos establecidos por el Ministerio de Educación y el Ministerio de Seguridad. Se dio intervención a la fiscalía de turno para iniciar la investigación, revisar cámaras de seguridad y realizar peritajes dentro del establecimiento con el fin de identificar a posibles responsables.
Como efecto dominó, también aparecieron carteles y pintadas en escuelas de Salta, Tucumán, Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Tierra del Fuego y Neuquén. Una violencia creciente en las aulas, poco tiempo después de lo ocurrido en San Cristóbal, Santa Fe, cuando un estudiante de 15 años ingresó armado a su escuela y mató a otro joven de 13 años.
En este contexto, en Salta cerca de las 22:00 del miércoles, un llamado anónimo al 911 alertó sobre la presencia de un paquete sospechoso. Se activó un fuerte protocolo de seguridad que descartó la presencia de artefactos explosivos y la actividad se normalizó.
Mientras tanto las autoridades de las provincias afectadas investigan si se trata de un reto viral que podría haber sido activado por estudiantes de distintos puntos del país a través de redes sociales, especialistas afirman que hay un efecto contagio entre los alumnos argentinos.
En todas las situaciones se aplica el protocolo correspondiente, con intervención policial y judicial bajo la figura de “intimidación pública”, un delito que puede acarrear consecuencias legales tanto para los menores involucrados como para sus padres. Los ministerios de Seguridad y Educación de las provincias afectadas piden a las familias dialogar con los adolescentes sobre la gravedad de estas acciones y el temor que provocan en la sociedad.
