El proceso eleccionario en el IES Nº 5 “José Eugenio Tello”, llevado a cabo el viernes pasado, derivó en un serio conflicto institucional tras la denuncia de severas anomalías durante el escrutinio definitivo.
La lista opositora Azul impugnó formalmente el desarrollo de los comicios y presentó un recurso de amparo ante la anulación de cuatro mesas de votación. A pesar de estos cuestionamientos y de los reclamos por supuestas maniobras fraudulentas y abuso de autoridad, la Junta Electoral convalidó la victoria del oficialismo, proclamando ganadora a la candidata de la lista Roja, una agrupación que se mantiene en la conducción desde hace décadas.
Los reparos de la lista Azul se encuadran en la aplicación del decreto 7220, una normativa que rige este sistema electoral y que pondera el sufragio del personal docente y administrativo por encima del emitido por el claustro estudiantil. Las candidatas de la oposición, las docentes Marta Sayago y Roxana Soraire, decidieron visibilizar la situación públicamente para manifestar su rechazo a un mecanismo que consideran que atenta contra la voluntad de los alumnos. El principal cuestionamiento radica en la alteración del padrón de electores fuera de los plazos establecidos en el cronograma oficial, una acción que ya había sido objetada previamente mediante notas formales exigiendo las justificaciones correspondientes.
Según explicaron los referentes de la lista Azul, la irregularidad más grave se registró el mismo día de la votación, cuando las autoridades de la Junta Electoral incorporaron nuevos votantes mediante notificaciones de último momento sobre el padrón definitivo. Ante este escenario, los fiscales lograron que se labraran cuatro actas por irregularidades con el aval de los presidentes de mesa, venciendo las resistencias iniciales del organismo electoral. Curiosamente, en el recuento inicial, dos de esas mesas cuestionadas (una de egresados y otra de estudiantes) beneficiaban a la lista Azul, mientras que las dos restantes favorecían a la lista Roja y a la lista Dorada, respectivamente.
Frente a esta situación, la lista Azul elevó un petitorio formal para impugnar dichas mesas y solicitó que se convoque a una nueva votación en esas cuatro urnas específicas, incluyendo aquellas que les eran favorables; sin embargo, la presidencia de la Junta Electoral resolvió anular los votos de manera directa. Como consecuencia, la oposición inició dos vías de reclamo: una presentación administrativa ante el Ministerio de Educación para exigir los fundamentos legales de los cambios en el padrón, y una demanda ante la Justicia con el objetivo de anular el proceso que consideran viciado, exigiendo que se llame a un nuevo comicio que respete la voluntad de la comunidad educativa.
