Un procedimiento de rutina llevado a cabo por el Comando de Prevención Rural y Ambiental en la provincia de Jujuy desencadenó un escándalo institucional que afecta directamente a la Municipalidad de San Pedro.
El hecho ocurrió durante la noche del pasado domingo, alrededor de las 21:30 horas, en jurisdicción de Palma Sola. En ese lugar, sobre la Ruta Provincial Nº 80, las fuerzas de seguridad interceptaron una camioneta Toyota Hilux ocupada por cuatro hombres mayores de edad, dando inicio a una detallada inspección que derivó en una causa por presunta caza ilegal.
La requisa del vehículo, efectuada en la correspondiente sede policial tras obtener el aval judicial y en presencia de testigos presenciales, arrojó el secuestro de un importante arsenal y de numerosas piezas de fauna silvestre. El personal policial interviniente incautó un rifle calibre .223 Remington, dos carabinas calibre 22, una escopeta calibre 20 y trece armas blancas, además de una cantidad de municiones aptas para dicho armamento. Asimismo, dentro del rodado se hallaron ejemplares de especies protegidas: cuatro corzuelas, dos pecaríes, tres conejos y cinco quirquinchos bola, de los cuales tres todavía se encontraban con vida.
A raíz del hallazgo, se dio inmediata intervención a la Fiscalía de turno y el caso quedó radicado formalmente bajo la órbita de la Justicia Contravencional. Pese a la gravedad del cargamento decomisado, las fuentes ligadas a la investigación confirmaron que los cuatro implicados recuperaron la libertad una vez concluidas las diligencias de rigor, dado que las infracciones tipificadas corresponden al fuero contravencional y no prevén la detención de los sospechosos en esta instancia del proceso administrativo y judicial.
La situación cobró mayor trascendencia pública al confirmarse que uno de los ocupantes del vehículo es el actual Director de Turismo de San Pedro de Jujuy. Ante esto, el municipio reaccionó rápidamente emitiendo un comunicado oficial en el que anunció el apartamiento preventivo de sus funciones y la suspensión del goce de haberes para el funcionario implicado, supeditando su situación a la resolución del ámbito judicial y reafirmando su compromiso con la transparencia institucional y la igualdad ante la ley.
