Un fallo judicial desató un profundo malestar social e institucional tras confirmarse la excarcelación del sargento de la Policía Federal Argentina imputado por los delitos de abuso gravemente ultrajante y acceso carnal agravado en perjuicio de una menor de edad. La controvertida medida fue dispuesta por el juez Roberto Darío Assef, quien rechazó el pedido de la fiscalía para extender por solo 20 días la etapa de recolección de pruebas antes del cierre de la investigación. De esta manera, el acusado esperará el desarrollo del proceso en libertad mientras gestiona su retiro de la fuerza, lo que dejó a la víctima y a su entorno en un preocupante escenario de vulnerabilidad.
Frente a esta resolución, la abogada querellante Mariana Vargas advirtió sobre la existencia de una red institucional orientada a brindar cobertura al imputado, quien pertenecía a la división de inteligencia de la corporación federal. Según las revelaciones de la letrada, efectivos de dicha institución se presentaron en el domicilio de la madre de la niña manifestando que un superior jerárquico pretendía comunicarse con ella para ver cómo resolver la situación procesal. Asimismo, la representación legal alertó que la liberación del agente genera un alto riesgo de coacción hacia los testigos de la causa, entre los cuales se encuentran los propios hijos del acusado.
El historial de intimidaciones que rodea al expediente incluye antecedentes de extrema gravedad, tales como amenazas de muerte directas, el saqueo de la residencia familiar y el uso no autorizado de telefonía celular por parte del agresor durante su permanencia en la comisaría, hechos que forzaron a los allegados de la víctima a contratar servicios de seguridad privada. A escasas horas de haber abandonado la celda para radicarse en un domicilio fijado en la localidad de Tilcara, la familia comenzó a recibir llamadas sospechosas procedentes de Buenos Aires, reavivando el temor en el entorno de la menor.
A pesar de que la causa judicial cuenta con elementos probatorios sólidos, entre los que destacan grabaciones de los ataques, peritajes realizados en Cámara Gesell y la constatación médica de contagio de una enfermedad de transmisión sexual padecida por la víctima y su madre, el acusado permanecerá libre. Ante este panorama, la querella interpondrá un recurso de impugnación urgente con el objetivo de reponer la prisión preventiva, mientras que la familia y la Multisectorial de Mujeres convocaron a una manifestación de protesta para este lunes a las 18:00 horas en Plaza Belgrano.
