El Ministerio Público de la Acusación (MPA) informó que registra 91 legajos judiciales abiertos debido a diferentes amenazas escolares.
La distribución de estos casos muestra una fuerte incidencia en la zona del departamento Dr. Manuel Belgrano y otras localidades del interior con 62 causas, mientras que las ciudades del Ramal concentran los 29 expedientes restantes, evidenciando que la crisis de seguridad escolar no distingue geografías dentro del territorio.
En el marco de estas investigaciones, el avance judicial ha permitido individualizar a 30 menores de edad como los presuntos autores de los mensajes amenazantes. Aunque los organismos judiciales confirmaron que no existen adolescentes bajo arresto, sí se ha iniciado de manera formal la acción penal juvenil. Los fiscales a cargo, Pablo de Tezanos Pinto y Juan Baiud, quienes dirigen las Fiscalías de Niños, Niñas y Adolescentes, están coordinando las audiencias imputativas programadas para los días venideros, trabajando en conjunto con el Ministerio de Seguridad para desmantelar esta tendencia que ha alterado el orden público en las instituciones educativas.
Las acciones para recolectar pruebas han sido contundentes, incluyendo la ejecución de 13 allanamientos y el decomiso de dispositivos electrónicos y teléfonos celulares, los cuales son sometidos a peritajes para determinar el origen de las amenazas. Resulta relevante destacar la colaboración de algunos progenitores, quienes han procedido a la entrega voluntaria de equipamiento tecnológico y han facilitado la comparecencia de los menores ante las autoridades. El proceso probatorio se completa con el uso de Cámaras Gesell para entrevistas especializadas, además de la incorporación de testimonios que buscan esclarecer la responsabilidad detrás de cada incidente reportado.
Desde el ámbito legal, los fiscales han sido enfáticos al señalar que estas acciones no deben ser minimizadas bajo la etiqueta de simples travesuras estudiantiles. Por el contrario, se ha aclarado que se trata de conductas tipificadas como delitos dentro del Código Penal, lo que conlleva consecuencias legales concretas bajo la normativa vigente. Esta postura busca disuadir la repetición de estos hechos, dejando claro que el anonimato que ofrecen las redes sociales o los mensajes digitales no exime a los jóvenes de enfrentar procesos judiciales por sus actos y el impacto que estos generan en la comunidad.
Como respuesta inmediata a la inquietud de los padres y docentes, se ha dispuesto un refuerzo preventivo de efectivos policiales en los edificios escolares que fueron blanco de las intimidaciones. Esta medida de seguridad física se complementa con un llamado urgente a la reflexión familiar y social.
