El Gobierno Nacional prohibió el acceso a todos los profesionales de prensa que habitualmente cubren la actividad oficial.
Los trabajadores se encontraron con la novedad de que sus registros biométricos habían sido eliminados del sistema de ingreso, una acción que desde la Vocería Presidencial calificaron como una disposición “preventiva” frente a presuntas actividades de espionaje ilegal. El conflicto se originó tras la difusión de imágenes grabadas en pasillos internos de la Casa Rosada mediante el uso de tecnología de anteojos inteligentes, un hecho que el Gobierno considera una vulneración crítica a la seguridad nacional y a los protocolos de circulación vigentes.
La Casa Militar formalizó una denuncia penal contra los responsables de la producción y los cronistas involucrados en la emisión de las imágenes, recayendo la causa en el Juzgado Federal N.º 4 bajo la mirada del Juez Ariel Lijo.
El clima de tensión se vio alimentado por expresiones del propio Presidente Javier Milei, quien a través de sus redes sociales manifestó un enérgico repudio hacia lo que calificó como una falta ética grave por parte de quienes portan credenciales de prensa. Desde el entorno oficialista, justifican la dureza de la medida argumentando que la posibilidad de realizar “miles de programas” con material obtenido de forma subrepticia representa un riesgo inaceptable para la integridad del mandatario.
Ante este escenario, el Círculo de Periodistas de la Casa Rosada emitió un comunicado denunciando lo que consideran una medida discrecional que atenta contra la libertad de prensa y el derecho a la información. El organismo gremial subrayó que la prohibición de entrada se ejecutó sin notificación previa, afectando el ejercicio profesional en los lugares de trabajo debidamente acreditados.
