Un nuevo conflicto territorial ha puesto de manifiesto la tensión entre los intereses del desarrollo turístico y los derechos de los habitantes originarios de la zona.
En esta ocasión, la controversia se centra en el departamento de Tumbaya, donde dos adultos mayores de la comunidad indígena CIPAQUI enfrentan una orden de desalojo inminente. La medida, impulsada por la Fiscalía de Estado de la provincia de Jujuy, establece un periodo perentorio de apenas 15 días para que abandonen las tierras ubicadas en el Paraje Esquina Amarilla de Patacal, un sitio que ha sido el hogar de su linaje durante generaciones.
La disputa legal y administrativa no es reciente, ya que los antecedentes de este intento de despojo se remontan a noviembre de 2025. En aquel momento, la familia Quival fue notificada por primera vez sobre la necesidad de desocupar el terreno que heredaron de sus progenitores y abuelos. A pesar de que la zona cuenta con la protección simbólica de ser Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y de que hubo promesas políticas previas, la presión institucional ha regresado con una firmeza que pone en riesgo la estabilidad de personas que superan los 70 y 80 años de edad.
Resulta llamativo que, meses atrás, la situación parecía haber encontrado un principio de solución o, al menos, una tregua. El propio intendente de Purmamarca, Humberto López, llegó a declarar públicamente que el desalojo no se llevaría a cabo, brindando una falsa sensación de seguridad a los damnificados. Sin embargo, el accionar del Procurador del Tesoro provincial, Facundo Luna, contradice aquellas palabras al reactivar el proceso administrativo contra el abuelo Tito Quival, exigiendo la restitución de la parcela al Estado provincial bajo amenaza de iniciar acciones legales y punitivas.
La comunidad de CIPAQUI, que engloba a las localidades de La Ciénaga, Patacal y Quisquiri, sostiene que desde el año 2010, cuenta con personería jurídica reconocida, lo que conlleva una delimitación territorial técnica de las tierras que ocupan actualmente unas 60 familias. Esta documentación no es desconocida para el Ejecutivo provincial, ya que fue presentada formalmente ante la Casa de Gobierno, la Legislatura y la Secretaría de Pueblos Indígenas durante las protestas realizadas a finales del año pasado.
El contraste entre la necesidad habitacional y productiva de los pobladores locales frente a la proyección de emprendimientos turísticos de gran escala sigue siendo un foco de fricción constante en la región.
