Una alarmante advertencia sobre las condiciones de la red vial en todo el territorio argentino encendió las luces de alerta ante la inminente llegada del receso turístico invernal.
Desde la Federación del Personal de Vialidad Nacional (FEPEVINA) denunciaron un agudo proceso de desfinanciamiento por parte de la administración del Presidente Javier Milei, sosteniendo que el deterioro actual del asfalto representa una seria amenaza para los viajeros. El Secretario adjunto de la entidad gremial, Fabián Catanzaro, describió el escenario como una crisis sin precedentes, asegurando que aproximadamente el 70% de los corredores nacionales se encuentra en condiciones deplorables a lo largo y ancho del país.
El referente sindical también apuntó contra el Ejecutivo por lo que considera una manipulación informativa y un ocultamiento de datos oficiales para maquillar el impacto de los recortes en la seguridad pública. De acuerdo con sus declaraciones, existe un intento deliberado por disimular el incremento de la siniestralidad, afirmando que las muertes en las carreteras de jurisdicción nacional se han triplicado en el último tiempo. Según la federación gremial, esta falta de transparencia estadística busca camuflar las derivaciones directas de la falta de mantenimiento estructural en las autopistas y rutas.
Las estadísticas presentadas por la organización gremial exponen un marcado recorte presupuestario para este año, con una reducción real cercana al 75% en comparación con las partidas del año 2023. Esta situación se ve agravada por una subejecución que superó el 50% en los dos últimos ejercicios económicos. FEPEVINA remarcó que las arcas del Estado continúan percibiendo el Impuesto a los Combustibles Líquidos, cuya finalidad original es precisamente el desarrollo de infraestructura terrestre, pero estos fondos no están siendo reasignados a la conservación de las calzadas. La falta de recursos económicos e institucionales ha provocado roturas críticas en accesos productivos clave, como las rutas nacionales 33 y 151, sumado a una drástica pérdida de capital humano que supera los 800 operarios especializados desplazados y la inminente salida de otros 900.
Para la cúpula sindical, el trasfondo de esta inacción oficial responde a una estrategia destinada a privatizar alrededor de 20.000 kilómetros de caminos, otorgando beneficios a concesionarios mediante créditos estatales a tasas preferenciales del BICE, en lugar de realizar una inversión directa. Ante la vulneración técnica del organismo, al que catalogan como una estructura vaciada de capacidades, FEPEVINA elevó un pedido formal al Poder Legislativo para que se dicte de forma urgente la Emergencia Vial en la Argentina. La entidad concluyó que la parálisis de la obra pública en materia de mantenimiento se traducirá inevitablemente en accidentes fatales que podrían haberse prevenido.
