Este viernes dio inicio en la Sala Auditorio de los tribunales de Comodoro Py el juicio unificado por las causas Hotesur y Los Sauces, un proceso por presunto lavado de dinero que sienta en el banquillo a 32 imputados.
El debate oral, a cargo del Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5) —integrado por los magistrados Adriana Palliotti, José Michilini y Fernando Machado Pelloni—, constituye la tercera instancia de esta índole que afronta la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y la primera para su hijo, el diputado nacional Máximo Kirchner. En la apertura del juicio, la acusación está encabezada por los fiscales Juan Agustín Argibay Molina y Diego Velasco, acompañados por la Unidad de Información Financiera (UIF) en su rol de querellantes.
Atendiendo a solicitudes de la defensa, el tribunal autorizó por mayoría a los principales acusados a seguir la jornada inaugural de forma remota: la exmandataria se conectó desde su domicilio en Constitución, donde cumple prisión domiciliaria, mientras que el legislador lo hizo para no interrumpir sus tareas parlamentarias. La resolución judicial contempló la virtualidad con carácter excepcional para el arranque debido a la brevedad de los plazos tras la decisión revisora y a la distancia geográfica de algunos procesados, reservando la obligatoriedad presencial únicamente para los abogados defensores. No obstante, una vez concluida la lectura de los cargos acusatorios, las audiencias pasarán a ser presenciales, resguardadas por un riguroso dispositivo de seguridad en Retiro, y contarán con transmisión en directo a través del canal oficial de YouTube del Poder Judicial de la Nación.
En cuanto a la dinámica de trabajo, el esquema inicial contempla tres jornadas semanales —lunes, viernes y sábados— e incluye además la reserva de los sábados 24 y 31 de octubre, así como la primera semana de la feria judicial de enero de 2027 (ampliable a la segunda). Sin embargo, este cronograma podría ser reestructurado a partir de la unificación resuelta por la Cámara de Casación, puesto que la jueza Palliotti advirtió que la frecuencia deberá adaptarse en caso de que las partes requieran los diez días que estipula el Código Procesal para preparar sus intervenciones. En paralelo a la logística, la hipótesis de la fiscalía sostiene que Hotesur operaba mediante un engranaje enfocado en el rubro hotelero, mientras que Los Sauces canalizaba presuntas maniobras de blanqueo a través de contratos de alquiler celebrados con empresas vinculadas a los grupos económicos de Lázaro Báez y Cristóbal López.
El abanico de procesados comprende 31 personas divididas en tres categorías: 11 investigadas en ambas causas, 7 circunscritas a la actividad hotelera y 13 enfocadas en los alquileres inmobiliarios. En el grupo de imputados por ambos expedientes destacan Cristina Fernández, Máximo Kirchner, el empresario Lázaro Báez —señalado como presunto organizador—, su hijo Martín Báez, la exdiputada Romina Mercado, el empresario Osvaldo Sanfelice, el contador Víctor Manzanares, el escribano Ricardo Albornoz, además de Emilio Martín, Martín Samuel Jacobs y Alberto Oscar Leiva. A todos ellos se les imputan diversas funciones en la conducción societaria, ejecución de operaciones patrimoniales, circulación de fondos y aprobación de estados contables.
Por otra parte, la nómina de la causa Hotesur se completa con Adrián Berni, César Gerardo Andrés, Edith Magdalena Gelves, Patricio Pereyra Arandia, Jorge Ernesto Bringas, Julio Enrique Mendoza y Alejandro Fermín Ruiz, señalados por labores directivas, administrativas y financieras ligadas a la firma y a la gerenciadora Valle Mitre. En el expediente Los Sauces figuran los titulares del Grupo Indalo, Cristóbal López y Fabián De Sousa; los allegados Leandro Báez, Luciana Báez y Claudio Bustos; Carlos Alberto Sancho; los escribanos Norma Beatriz Abuin y Jorge Marcelo Ludueña; y cinco empleados y funcionarios de la sucursal Río Gallegos del Banco Nación: Rolando Aníbal D’Avena, Marcelo Gustavo Mazú, Raúl Oscar Avarese, Lisandro Gauna y Mónica Liliana Romero, a quienes la fiscalía vincula con el cobro de cánones locativos que habrían servido para el reciclaje de fondos.
