La Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Jujuy (ADIUNJu) manifestó públicamente su más enérgico repudio ante la reciente detención de Franco Oscari, un activo integrante del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI).
De acuerdo con el comunicado emitido por la organización sindical, la detención del referente social se produjo como consecuencia de una denuncia penal que fue presentada en su contra por la senadora nacional y presidenta del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich.
El procedimiento judicial estuvo acompañado por un fuerte despliegue de las fuerzas de seguridad, denunciándose formalmente un operativo a cargo de la Policía Federal Argentina (PFA). Esta intervención policial incluyó el allanamiento de la vivienda particular del dirigente campesino, la cual se encuentra ubicada en el paraje Las Goteras, en el departamento de Santa Bárbara de la provincia de Jujuy. Ante estas medidas extremas, la entidad gremial universitaria expresó una profunda preocupación por lo que consideran un avance preocupante hacia la criminalización de la libre expresión de ideas y la persecución de las manifestaciones públicas a través de estructuras del Estado.
ADIUNJu enfatizó firmemente que la libertad de expresión es un pilar esencial e irrenunciable para sostener cualquier sociedad democrática. En este sentido, la Comisión Directiva de la asociación rechazó tajantemente todo mecanismo de censura, intimidación o disciplinamiento institucional que pretenda acallar las voces críticas de los movimientos sociales. De esta manera, el gremio alertó sobre los peligros que reviste el uso de herramientas gubernamentales para vulnerar las libertades de los ciudadanos.
Con un fuerte posicionamiento político y social, el sindicato que nuclea a los docentes e investigadores jujeños exigió de manera inmediata el pleno respeto a las garantías constitucionales vigentes, el cumplimiento irrestricto del debido proceso legal y el cese definitivo de cualquier práctica estatal que amenace o debilite los derechos democráticos de la población. Como organización adherida a CONADU Histórica y la CTA Autónoma, ratificaron su rol fundamental en la defensa de la universidad pública, las libertades académicas y los derechos humanos fundamentales.
