Una fuerte controversia política e institucional se ha desatado en la localidad de Tilcara tras la decisión de la Intendenta, Sonia Pérez, de rechazar de manera total los proyectos de Emergencia Tarifaria.
Estas normativas habían sido respaldadas de forma unánime por el Concejo Deliberante con el propósito de mitigar el impacto de los severos incrementos en el servicio de energía eléctrica brindado por la empresa EJESA. La jefa comunal justificó su determinación fundamentando la existencia de supuestos conflictos de jurisprudencia en el texto de las ordenanzas promovidas por el cuerpo legislativo.
La reacción de los representantes locales no se hizo esperar al término de la última sesión especial del cuerpo. El Concejal Tristán Mamaní, a cargo de la presidencia de la Comisión Investigadora abocada al desglose de los componentes de las facturas de luz, cuestionó con dureza la postura del Poder Ejecutivo. El legislador enfatizó que la problemática excede cualquier diferencia política interna, señalando que la realidad de los vecinos, jubilados y comerciantes de la Quebrada es crítica debido a facturas que se han vuelto imposibles de costear, lo que incluso ha forzado el cese de actividades de varios locales comerciales.
Previo a este revés del Ejecutivo, Tilcara se había posicionado como el primer municipio de la región en declarar la emergencia ante las subas del suministro eléctrico tras detectar diversas irregularidades mediante su comisión interna. La propuesta legislativa original estipulaba herramientas de alivio urgentes para los usuarios, entre las que se destacaban la interrupción de los cortes del servicio por un plazo de 60 días, la puesta en marcha de planes de facilidades de pago de hasta 12 cuotas y la remoción de las tasas de índole municipal que se cobran dentro de las boletas de la prestataria.
Ante el escenario planteado por el veto de Pérez, los ediles tilcareños anticiparon que emplearán los mecanismos legales a su alcance para revertir la medida, barajando alternativas que van desde avanzar con la insistencia legislativa en el recinto hasta la convocatoria a una consulta popular. Paralelamente, la comisión investigadora mantiene un periodo de 60 días prorrogables para recabar datos técnicos, habiendo recibido recientemente un informe de EJESA y gestionado solicitudes de información ante la Secretaría de Energía y la SUSEPU, con la meta de abrir mesas de diálogo institucionales que destraben el conflicto.
