Una grave vulneración a la propiedad privada ha encendido las alarmas sobre el ejercicio del periodismo en la provincia.
La periodista Mariana Mamaní convocó a una conferencia de prensa en las inmediaciones de los Tribunales locales para exponer los detalles de la intrusión que sufrió en su domicilio, ubicado en el barrio Villa Jardín de Reyes. Durante el encuentro con los medios, la profesional fue contundente al contextualizar el hecho, afirmando de manera categórica que el episodio no respondió a un hecho delictivo común, sino a una clara y directa intimidación vinculada a su desempeño profesional.
El proceder de los atacantes dentro de la vivienda reforzó la hipótesis de un amedrentamiento selectivo. Según detalló la afectada, los intrusos registraron las habitaciones sin causar destrozos ni llevarse sumas de dinero u otros objetos de valor que se encontraban a la vista. El botín de los delincuentes se limitó exclusivamente a sus herramientas fundamentales de trabajo: su computadora y su cámara fotográfica. Además, los responsables del hecho dejaron un perturbador mensaje simbólico al colocar de forma deliberada un ejemplar de la reforma de la Constitución de Jujuy 2023 sobre el escritorio donde ella ejerce habitualmente sus tareas.
La gravedad del suceso radica en la invasión de su espacio personal y laboral, lo que Mamaní describió como una preocupante transgresión de todos los límites tolerables. La periodista vinculó este ataque a represalias por sus publicaciones, recordando que el portal de noticias que dirige, jujuydice.com.ar, ya venía siendo blanco de diversos ciberataques y bloqueos digitales. Frente a este panorama, criticó con dureza el hermetismo y la falta de respuestas por parte del Gobierno provincial y del Ministerio Público de la Acusación, señalando que, a pesar del tiempo transcurrido, ninguna autoridad judicial o del Poder Ejecutivo se ha contactado con ella para ofrecerle soluciones o contención.
El caso ya ha trascendido las fronteras provinciales y cobrado una fuerte repercusión a nivel nacional. Organizaciones de la sociedad civil y entidades gremiales, entre las que se destacan el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), el Sindicato de Prensa y distintos colectivos defensores de los derechos humanos, manifestaron públicamente su repudio ante lo sucedido. Estos organismos han alzado su voz para exigir de manera urgente al Estado jujeño que tome las medidas necesarias para garantizar la seguridad física de la comunicadora y de su entorno familiar, demandando una protección efectiva que resguarde la libertad de prensa y el derecho a la libre expresión en la región.
