En coincidencia con las celebraciones por el Día del Taxista, un sector de choferes autoconvocados de San Salvador de Jujuy transformó su jornada festiva en una jornada de lucha frente al edificio municipal.
Los trabajadores, representados por Héctor Caucota y Fermín Vargas, expusieron la profunda crisis que atraviesa la actividad, denunciando una combinación de abandono estatal y asfixia impositiva. El reclamo principal se centró en la falta de fiscalización ante el avance de aplicaciones de transporte como Uber y Didi, las cuales calificaron como competencia desleal, asegurando que mientras el taxi legal sufre una persecución constante por parte de los inspectores, los vehículos no autorizados operan con total impunidad en la vía pública.
La carga tributaria fue otro de los ejes críticos durante la manifestación. Según detallaron los conductores, el costo anual para mantener una licencia en regla oscila entre los $600.000 y $700.000, siempre que se acceda al descuento del 30%, ya que de lo contrario el monto supera el millón de pesos. La preocupación se intensifica ante el inminente aumento de tarifas previsto para este domingo, puesto que dicho incremento impactará directamente en la elevación de los impuestos que debe tributar el titular. A esto se suman otros gastos fijos elevados, como los $400.000 aproximados del carnet profesional, además del seguro y el monotributo, todo esto en un contexto donde los choferes carecen de una obra social garantizada.
A su vez, los manifestantes pusieron bajo la lupa un presunto manejo irregular en el servicio de las ticketeras. Denunciaron que, al momento de programar el reloj de las unidades, se les exige un pago de $25.000, pero la factura emitida solo refleja un valor de $2.000, lo que para los trabajadores sugiere una maniobra de evasión o un manejo de fondos poco transparente que afecta aún más sus debilitadas economías. Esta situación se suma a la lista de “negociados” que el sector viene señalando y que, según manifestaron, no recibe ningún tipo de auditoría o control por parte de las autoridades competentes.
Finalmente, el malestar de los taxistas se dirigió hacia la esfera política local, criticando la falta de compromiso de los concejales y la ausencia de respuestas concretas por parte de los funcionarios del Ejecutivo municipal. Los choferes expresaron sentirse desprotegidos frente a una realidad que los empuja a la precariedad, mientras el municipio, según su visión, prioriza la recaudación por sobre la protección del transporte legalmente constituido. La protesta concluyó con la advertencia de que la situación del sector es insostenible si no se implementan de forma urgente mayores controles de tránsito y una reducción real en la presión impositiva que los afecta.
