La tensión laboral en el transporte público urbano de la capital jujeña ha alcanzado un punto crítico tras una serie de reclamos expuestos públicamente por el personal del sector.
Los trabajadores del transporte levantaron la voz para hacer visible un panorama preocupante que combina la fragmentación en el cobro de sus haberes, la falta de respaldo gremial y el incumplimiento sistemático de las normativas laborales vigentes. Esta compleja realidad se da en el marco de la reciente extensión de la emergencia en el servicio, una medida legislativa que, según denuncian los afectados, se impulsó sin la debida participación ciudadana ni el debate necesario.
El malestar de los empleados se profundiza por la pronunciada disparidad en sus ingresos en comparación con las pautas salariales que se acuerdan a nivel nacional. Mientras que en la región central del país se pactan montos de referencia significativamente superiores, en el ámbito local las retribuciones resultan notoriamente menores. A este estancamiento de las remuneraciones frente a los constantes aumentos en la tarifa del pasaje se le suma la compleja mecánica de cobro que enfrentan en firmas como Santa Ana, donde los salarios continúan abonándose de manera escalonada o en cuotas. Esta situación genera un fuerte sentimiento de desprotección entre las filas de los trabajadores, quienes además señalan una clara ausencia de representación efectiva por parte de la cúpula sindical de la UTA.
Por otra parte, la reciente concesión del servicio dictaminada a diez años bajo el paraguas de la emergencia ha cosechado severas objeciones por parte del personal operativo. Entre los aspectos más cuestionados sobresalen las deficiencias cotidianas en la prestación del servicio, representadas por marcadas demoras en las frecuencias que perjudican de forma directa a los usuarios. A nivel operativo, los reclamos apuntan también al paulatino deterioro de la flota vehicular —favorecido por una mayor flexibilidad en las exigencias sobre la antigüedad de los coches— y a la preocupante escasez de infraestructura en las cabeceras, donde los choferes carecen de sanitarios y espacios adecuados para sus pausas de descanso.
Con el objetivo de volcar estos reclamos en el ámbito formal, los trabajadores solicitaron de manera oportuna la utilización de la Banca 13 en el Concejo Deliberante para expresar sus vivencias antes de la votación de la normativa. Aunque el acceso a dicha instancia les fue denegado de forma inmediata para la sesión ordinaria, las autoridades locales los derivaron a una reunión de comisión pautada para el próximo martes a primera hora de la mañana. Los choferes confirmaron que asistirán a este encuentro legislativo con el propósito firme de exigir el cumplimiento de sus derechos laborales y pedir explicaciones sobre una licitación que, a su juicio, agrava la crisis del transporte en lugar de brindarle una solución definitiva.
