La Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) llevó a cabo una manifestación sobre el trazado de la Ruta Nacional 34 en la provincia de Jujuy, visibilizando la interrupción de las labores de infraestructura vial y la consecuente cesantía de 180 operarios.
El conflicto se desencadenó tras el congelamiento de los pagos correspondientes por parte de la Administración Nacional hacia la compañía a cargo de las tareas en el tramo comprendido entre la zona de El Cuarteadero y la localidad de San Pedro de Jujuy.
Durante la jornada de protesta, el titular de la seccional provincial del gremio, Ramón Neyra, detalló que el problema comenzó hace 22 días con la suspensión preventiva del personal, situación que derivó en las cesantías definitivas de 180 trabajadores. La deuda que mantiene el Estado Nacional con la empresa contratista asciende a $23.000.000.000, lo que imposibilita la reanudación de las faenas hasta tanto no exista un esquema de regularización crediticia. Los manifestantes sostuvieron que mantendrán la permanencia al costado de la traza vial de manera indefinida hasta obtener una respuesta concreta.
En paralelo a la medida sindical, el Gobernador Carlos Sadir se refirió al estado de la obra pública en ese corredor y aclaró la coexistencia de 2 esquemas diferenciados. Mientras que el tramo financiado por la jurisdicción provincial —que abarca desde el límite con la provincia de Salta hasta la intersección con la Ruta Provincial 66— registra un avance sostenido con la previsión de ser concluido antes de finalizar el año 2026, el trayecto restante hacia San Pedro depende en forma directa de la órbita de Vialidad Nacional.
El mandatario jujeño remarcó que el sector nacional venía avanzando a un ritmo continuo hasta sufrir la quita de transferencias de fondos presupuestarios para obras de infraestructura pública, lo que derivó en la parálisis de los trabajos. Frente a este panorama, las autoridades provinciales confirmaron la realización de reclamos formales ante los responsables de Vialidad Nacional y el Poder Ejecutivo Nacional para que se restablezca el financiamiento de este corredor, al tiempo que prosiguen las labores en los tramos que cuentan con recursos propios e incluyen la iluminación de los accesos a los poblados aledaños.
