La distribuidora de energía eléctrica EJESA enfrenta un nuevo frente judicial tras la interposición de una demanda colectiva impulsada por el Comité de Defensa del Consumidor, conocido como CODECUC.
La medida fue radicada ante la Cámara Civil y Comercial de la provincia de Jujuy con el objetivo de obtener reparaciones económicas para cerca de 120.000 usuarios residenciales pertenecientes a la categoría T1R, quienes padecieron la interrupción masiva del suministro eléctrico producida por fuertes ráfagas de viento sonda entre el 17 y el 20 de julio pasados.
El titular de la organización demandante, Alejandro Mur, destacó en declaraciones radiales el carácter histórico de la presentación judicial, dado que unifica los reclamos de todos los damnificados bajo una misma figura de clase sin requerir que cada afectado realice un trámite individual. En el escrito, la entidad solicita la refacturación proporcional del período sin servicio o la devolución del dinero con sus correspondientes intereses, además de la fijación de compensaciones monetarias para cubrir tanto los perjuicios materiales como el daño moral sufridos por los clientes durante el colapso del sistema.
Asimismo, la acción legal requiere al tribunal que imponga a la empresa proveedora el monto máximo estipulado por daño punitivo dentro de la Ley de Defensa del Consumidor, buscando con ello generar una sanción ejemplar ante la falta de previsión e infraestructura frente a contingencias climáticas habituales en la región. En paralelo, se formuló un pedido cautelar de carácter urgente para que la Justicia disponga la suspensión e imposibilidad de cortes de energía por falta de pago a personas en situación de vulnerabilidad, abarcando a jubilados, pensionados, personas con discapacidad, desempleados y hogares de escasos recursos.
Aunque la representación colectiva protege de manera automática a la totalidad de los hogares comprendidos en dicha categoría tarifaria, desde la asociación de consumidores recomendaron a los damnificados asentar y conservar sus denuncias formales ante la propia distribuidora o la Superintendencia de Servicios Públicos y Otras Concesiones (SUSEPU) para respaldar reclamos específicos por la pérdida de electrodomésticos o daños patrimoniales. Esta acción judicial se suma a las previas protestas y recolecciones de firmas de los ciudadanos jujeños por los incrementos en las facturas y cuestionamientos al cumplimiento del contrato de concesión del servicio eléctrico.
