La Asociación de Profesionales Universitarios de la Administración Pública (APUAP) emitió un duro comunicado en el que manifiesta su rechazo absoluto a la reciente imposición salarial del 2,5% dictada por el Gobierno Provincial.
El gremio denunció que las paupérrimas propuestas sectoriales definidas por la administración de Carlos Sadir, sumadas a la decisión oficial de congelar las discusiones paritarias hasta el mes de agosto, agudizan de forma dramática el deterioro del poder adquisitivo y las condiciones de vida de las familias estatales, agravando además la histórica crisis de recursos humanos en el sector.
Los profesionales de la salud, la administración y la educación apuntaron de forma directa contra la gestión provincial, señalando que, a pesar de las fluctuaciones en la coparticipación generadas por el feroz ajuste del Presidente Javier Milei, la provincia cuenta con recursos genuinos para amortiguar el impacto de la crisis. Según argumentaron, Jujuy se posicionó como la provincia que más riqueza generó a nivel nacional gracias a la actividad minera; sin embargo, advirtieron con malestar que esas ganancias extraordinarias producto de la explotación del litio no se traducen en mejoras para la población, sino que quedan en manos de corporaciones extranjeras. Por este motivo, exigieron revisar con urgencia las regalías mineras para destinar esos fondos a la recomposición de los haberes públicos, la infraestructura, la salud y la educación.
El impacto de este doble ajuste, tanto a nivel nacional como provincial, también está haciendo mella en el tejido económico y comercial local. Desde la asamblea alertaron que el modelo del gobierno nacional provoca el cierre diario de 30 empresas debido al desplome generalizado del consumo interno, una realidad de la que Jujuy no está exenta y que se replica en el ahogo financiero de comerciantes y pymes locales. En el escrito expresaron con dolor y bronca que esta parálisis se evidencia en episodios concretos que conmueven a la comunidad, tales como el reciente y definitivo cierre de la histórica “Panadería De Dios”, un reflejo de que la crisis se está descargando enteramente sobre los trabajadores y los emprendimientos locales en lugar de resolverse a través del anunciado “cambio de matriz productiva”.
Ante este escenario, la Asamblea resolvió formalmente declararse en estado de alerta y movilización, exigiendo al gobernador que defina una política salarial que se diferencie de la Casa Rosada y proteja la producción y el comercio jujeño. Las demandas principales incluyen la reapertura inmediata de las mesas paritarias, el establecimiento de un sueldo de inicio que sea equivalente al costo de la Canasta Básica Total y el respeto por la piramidación de los cargos según la antigüedad y la formación. Los profesionales advirtieron tajantemente a las autoridades del sector público que, si no modifican el rumbo actual, terminarán siendo idénticos al gobierno nacional, ya que hasta el momento exhiben discursos distintos, pero ejecutan en los hechos las mismas medidas de ajuste económico.
Finalmente, y con el objetivo de visibilizar su plan de lucha frente a la opinión pública, los trabajadores organizados confirmaron un cronograma de protestas inmediatas en todo el territorio provincial. En las próximas horas llevarán adelante una conferencia de prensa informativa, que estará acompañada por la realización de un “cartelazo” y una retención de tareas tanto en la Casa de Gobierno de la capital como en distintas dependencias del interior. A su vez, el sector ratificó su compromiso con las problemáticas sociales y de género de la región, confirmando de manera unánime que el colectivo de profesionales se sumará orgánicamente a las columnas que marcharán el próximo 3 de junio bajo la histórica consigna de “Ni Una Menos”.
