El proceso penal por el asesinato de Facundo Bermúdez, el joven de 29 años que perdió la vida tras ser apuñalado en Alto Comedero, registró una resolución fundamental en los tribunales locales.
Durante el desarrollo de la audiencia imputativa, el magistrado de Control interviniente hizo lugar a la solicitud del Ministerio Público de la Acusación y dictó la prisión preventiva para el único sospechoso de la causa, cuyas iniciales son S.D.M.A. La medida cautelar privativa de la libertad fue fijada por un término de 45 días, garantizando así el resguardo del procedimiento mientras la fiscalía profundiza en la recolección de elementos probatorios.
El fiscal Aldo Lozano, al frente de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Propiedad e Integridad de las Personas, formalizó los cargos contra el detenido bajo la presunta autoría de homicidio simple, según lo estipulado en el artículo 79 del Código Penal. La captura del imputado se había concretado el pasado domingo en horas de la tarde en el barrio Coronel Arias, luego de que lograra evadir un allanamiento inicial concretado el sábado previo. Su localización definitiva fue el resultado de un exhaustivo trabajo de inteligencia y rastreo tecnológico llevado a cabo por la Brigada de Investigaciones.
A partir de esta instancia formal, las autoridades judiciales determinaron un período de cuatro meses para llevar adelante la Investigación Penal Preparatoria (IPP). En este lapso, el foco de la fiscalía estará puesto en robustecer las evidencias científicas asociadas al violento episodio acontecido sobre la avenida Forestal. Dentro de las tareas periciales programadas con mayor urgencia, se contemplan minuciosos cotejos genéticos de ADN sobre la indumentaria incautada en los operativos, la realización de exámenes técnicos y psicológicos al acusado, y la revisión detallada de las filmaciones obtenidas de las cámaras de seguridad públicas y privadas ubicadas en las inmediaciones del lugar del crimen.
Paralelamente, el entorno familiar de la víctima fatal recibe acompañamiento profesional e integral mediante el Centro de Asistencia a la Víctima (CAV), con la intervención del doctor Nicolás Flores. En el marco de la misma comparecencia ante el juez, los allegados del joven damnificado presentaron de manera formal la solicitud para ser admitidos bajo la figura de querellantes particulares. Esta condición legal les otorgará la potestad de intervenir activamente en las distintas etapas del expediente y sugerir medidas de prueba a los investigadores en el marco de una causa que continúa generando gran conmoción en la comunidad de la capital jujeña.
