A pocos días del inicio del ciclo lectivo 2026 en la provincia de Jujuy, las familias comenzaron a enfrentar montos elevados por concepto de cooperadora escolar en establecimientos públicos de la capital y el interior. Según un relevamiento reciente, los aportes fijados por las asociaciones cooperadoras van desde aproximadamente $15.000 en algunas escuelas de Alto Comedero y Palpalá, hasta alrededor de $50.000 por alumno en instituciones del centro de San Salvador de Jujuy. En el caso de establecimientos con mayores exigencias de actividades extracurriculares, como el Colegio N°1 “Teodoro Sánchez de Bustamante”, el importe llega hasta $110.000 por alumno, aunque se aclara que estos valores incluyen coberturas adicionales como seguros médicos integrales.
Las cifras actuales contrastan con años anteriores, donde los aportes eran significativamente menores, lo que ha generado preocupación entre padres y madres ante el impacto de estos montos en el presupuesto familiar. En medio de una situación económica compleja, la variabilidad de precios entre escuelas ha puesto en evidencia la falta de un criterio uniforme, ya que cada cooperadora —compuesta por madres, padres y tutores— define sus propias cuotas según las necesidades de cada institución educativa y los recursos con que cuenta.
Representantes de cooperadoras y directivos escolares sostienen que los fondos recaudados no solo se destinan a actividades complementarias, sino también a cubrir gastos básicos de mantenimiento como limpieza, insumos administrativos y reparación de elementos edilicios que, aseguran, no siempre están suficientemente cubiertos por los aportes oficiales. Esta situación alimenta el debate sobre la función real de estas asociaciones y sus límites, especialmente en escuelas públicas donde la educación formal es gratuita según la normativa provincial.
Desde organismos educativos y algunos sectores de la comunidad educativa se ha recordado que el pago de la cooperadora no debe ser considerado obligatorio para la inscripción o permanencia de los estudiantes en las escuelas públicas, y que las aportaciones pueden realizarse en dinero, especies o mediante actividades a favor de la institución. Aun así, muchos padres señalan que, en la práctica, la presión social y las expectativas de las cooperadoras llevan a familias a contribuir, aún cuando existen alternativas contempladas por la ley.
