Las cúpulas sindicales acordaron dar inicio a una nueva etapa de reclamos contra el Gobierno de Javier Milei mediante un cronograma escalonado de movilizaciones, postergando la definición de una fecha para un eventual paro general.
El puntapié inicial tiene lugar esta tarde a las 15:00 horas con un acto frente al Congreso de la Nación en respaldo al sector jubilatorio, medida impulsada en conjunto por la CGT, las dos vertientes de la CTA, la UTEP y diversas organizaciones sociales. A pesar de haber contemplado inicialmente una huelga coordinada con paros rotativos por sectores, la dirigencia optó por un formato de menor impacto operativo, argumentando una menor predisposición del personal en los lugares de trabajo por temor a pérdidas salariales o despidos.
La estrategia aprobada por el sindicalismo prioriza el despliegue en las calles para ganar presencia pública y sumar el respaldo de la clase media antes de convocar a una huelga nacional de 24 o 36 horas. El itinerario trazado incluye la tradicional marcha del 7 de agosto por San Cayetano, una concentración frente al Ministerio de Economía contra el endeudamiento de los hogares, la participación en la Semana Social de la Iglesia y una movilización el 2 de septiembre con motivo del Día de la Industria. Asimismo, proyectan una convocatoria durante la reunión del Consejo del Salario Mínimo y planean ganar visibilidad durante la estadía del papa León XIV en el país durante el mes de noviembre, intentando acercar el recorrido papal a la sede central de la avenida Azopardo.
De manera paralela, el plan contemplará actividades en los espacios de trabajo mediante asambleas y volanteadas informativas en terminales aeroportuarias y ferroviarias de todo el territorio nacional. A esta agenda se sumará una huelga nacional en el sector educativo impulsada para agosto por el área docente de la CGT que conduce Sergio Romero (UDA), a la que adherirán CTERA y otros gremios de la actividad. En el plano institucional, la central obrera prevé entablar conversaciones con cámaras empresariales de las provincias bajo la premisa de que la industria y los trabajadores comparten los efectos negativos de la política económica actual, al tiempo que delegaciones de dirigentes respaldarán conflictos laborales específicos en el AMBA y el interior.
El lanzamiento de este paquete de medidas se produce en un contexto marcado por las gestiones de la dirigencia dialoguista de la CGT con el Poder Ejecutivo. Dichas conversaciones reservadas derivaron en una modificación por decreto a la reglamentación de la Ley de Modernización Laboral, medida que eliminó el tope del 2% a los aportes y contribuciones sindicales y resolvió aspectos sensibles para el esquema de financiamiento de las estructuras gremiales.
