El Servicio Paz y Justicia de Argentina (SERPAJ) solicitó la suspensión del desalojo a la comunidad Cueva del Inca de Tilcara.
El martes 22 tuvo repercusión nacional el desalojo fallido a la comunidad Cueva del Inca en Tilcara, ordenado por la Jueza Lis Valdecantos Bernal, que terminó con una brutal represión y dos detenidos. La resistencia de la comunidad y presentaciones legales obligaron suspender el desalojo por 48 horas por lo que continúa la vigilia y el reclamo por la definitiva anulación y el cierre de la causa.
La abogada e integrante del Servicio Paz y Justicia de Argentina (SERPAJ), Mariana Katz, dijo que “lamentablemente hay todo un bagaje jurídico de reconocimiento que sistemáticamente el poder quiere desconocer; tanto el poder Ejecutivo como Judicial en el caso de la comunidad de Cueva del Inca”.
“El Poder Judicial está obligado por el propio Código Civil a poder aplicar las interpretaciones en materia de derechos humanos; el Código Civil establece que se tienen que tomar en cuenta los tratados internacionales de derechos humanos. El artículo 21 de la Convención Americana es la que se debe aplicar para entender la forma de propiedad comunitaria que tienen los indígenas sobre su territorio, y eso es lo que no quiere reconocer la jueza que intervino en la causa de Cueva del Inca y que no es el primer desalojo que ordenó, ya lo hizo en la comunidad de Guerrero” señaló.
La letrada Katz aclaró que se dio participación a distintos organismos para que intervengan ante el hecho, además de haberse presentado una denuncia a la Justicia Federal. “Gendarmería se hizo presente en el lugar a fin de resguardar y proteger los bienes culturales, ya que la zona está declarada por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad. El desalojo en sí logró frenarse por las amenazas que hubo de parte de miembros de la comunidad que tenían intenciones de quemarse, y en esto también vale decir la gravedad que tuvo el accionar del Juez de paz a quien no le importó en lo absoluto lo que decía la comunidad, no dar intervención a personal de la Secretaría de Niñez cuando había niños, es una situación muy grave lo que ocurrió”.
