Una fuerte interna se ha manifestado dentro del bloque oficialista a raíz de las recientes declaraciones de Patricia Bullrich, Jefa del Bloque de Senadores de La Libertad Avanza, quien apuntó directamente contra el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
La controversia estalló luego de conocerse la última presentación patrimonial del Jefe de Gabinete, donde incorporó más de US$500.000 argumentando que correspondían a ganancias obtenidas por operaciones con bitcoins entre los años 2013 y 2018 que no habían sido declaradas con anterioridad. Para la legisladora, este accionar sobrepasa la categoría de un simple descuido técnico y califica directamente como una falta a la ética, recordando que la transparencia moral debe ser un pilar fundamental en la gestión del Gobierno actual.
La postura de la Senadora se dio a conocer públicamente en los momentos previos a una nueva convocatoria de la mesa política del oficialismo en la Casa Rosada, un espacio coordinado por el propio Adorni y compuesto por figuras clave de la administración de Javier Milei, como Karina Milei, Santiago Caputo, Martín Menem, Diego Santilli, “Lule” Menem e Ignacio Devitt, con la ausencia anticipada del Ministro de Economía, Luis Caputo. La dureza del planteo de Bullrich reavivó los debates internos respecto a las responsabilidades institucionales de los funcionarios de alto rango, sugiriendo incluso la posibilidad de que el caso encuadre en una omisión maliciosa, una figura legal que acarrea la inhabilitación permanente para ejercer cargos públicos. No obstante, aclaró que la determinación final de estas responsabilidades quedará en manos del Poder Judicial.
El foco del conflicto radica en las explicaciones que ofreció el Jefe de Gabinete al verse acorralado por los cuestionamientos sobre el origen de esos US$513.000 que no figuraban en sus presentaciones de años previos. Adorni justificó la procedencia de esos fondos alegando que eran ahorros de carácter personal mantenidos fuera del circuito formal, utilizando la polémica frase “ahorramos en negro como todos los argentinos”. Esta admisión, lejos de calmar las aguas y dar por cerrado el tema, encendió las alarmas tanto en la oposición, que comenzó a exigir explicaciones detalladas sobre los mecanismos de exteriorización de los activos, como en un sector del propio partido gobernante que venía reclamando celeridad y total publicidad en la rendición de cuentas patrimoniales.
A pesar de que el Presidente Javier Milei y otros miembros del gabinete expresaron un apoyo unánime hacia el funcionario para atenuar las repercusiones políticas del caso, el fuerte posicionamiento de Bullrich evidenció un cambio de tono y un distanciamiento discursivo palpable. La Senadora, quien previamente había optado por hacer pública su propia declaración jurada completa como muestra de transparencia, colocó la discusión en un plano estrictamente político y ético que excede los argumentos técnicos del entorno presidencial. Con la mirada puesta en los tribunales y una mesa de conducción oficialista visiblemente tensionada, el escenario de los próximos días se anticipa complejo ante la posibilidad de que surjan nuevos requerimientos legales que mantengan la evolución de los bienes de Adorni en el centro de la escena pública.
