Representantes de la comunidad de Caspalá se concentraron frente a Plaza Belgrano en San Salvador para hacer pública una grave serie de irregularidades institucionales que involucran de manera directa al Estado jujeño.
Acompañados por autoridades de otros poblados originarios, los manifestantes exhibieron documentación que confirmaría la falsificación de actas y el aval arbitrario de la Secretaría de Pueblos Indígenas. Desde la comunidad sostienen que estas maniobras buscan interferir en el avance de la causa judicial iniciada ante los tribunales federales, apuntando la responsabilidad hacia la conducción política provincial y la Procuración del Tesoro.
Las voceras territoriales expusieron cómo el organismo provincial legitimó la designación de autoridades paralelas con la clara intención de desarticular el reclamo legal originario. Lidia Balcarce, portavoz del reclamo, puntualizó que se reconoció un registro alternativo para poner al frente de la entidad comunitaria a una persona ajena a la cotidianeidad del pueblo y vinculada laboralmente al municipio local. Asimismo, recalcaron que la problemática no abarca únicamente el abandono en la reconstrucción del espacio dañado, sino también un esquema continuado de presiones que instrumenta las carencias económicas de los residentes.
El cuadro denunciado incluye hostigamiento constante y condicionamientos explícitos hacia las familias de la zona, amenazándolas con el cese de empleos o la retención de insumos de primera necesidad en caso de no alinearse a la postura gubernamental. Este accionar discriminatorio se habría trasladado incluso al ámbito de la ocupación mano de obra para las tareas de refacción en el lugar, donde se habría rechazado a trabajadores locales por negarse a respaldar la postura del oficialismo, condicionando la salida laboral a la sumisión política.
Finalmente, los delegados de Caspalá enfatizaron que las recientes intervenciones sobre el predio deportivo responden de forma exclusiva al cumplimiento de medidas cautelares dictadas por la justicia y no a un gesto de buena voluntad de la gestión provincial. En ese marco, volvieron a cuestionar el destino impreciso de las partidas financieras que el Estado Nacional había girado tiempo atrás para la edificación de la escuela comunitaria, una infraestructura presupuestada durante la gobernación de Gerardo Morales —con el actual mandatario Carlos Sadir a cargo del área económica— cuyos avances edilicios siguen sin materializarse.
