Las arterias de la capital jujeña volvieron a ser escenario de una multitudinaria manifestación en la que convergieron trabajadores de la educación de todos los niveles y empleados de la administración pública.
La columna de manifestantes se concentró en la céntrica Plaza Belgrano tras marchar desde diferentes puntos de la ciudad en el marco del paro nacional convocado por las centrales gremiales. Durante la jornada, las organizaciones rechazaron de forma unánime el deterioro de los haberes frente a la inflación y repudiaron las advertencias oficiales sobre posibles descuentos por las jornadas de huelga.
En representación del sector universitario, Érica Cari, titular de la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Jujuy, calificó de crítica la realidad del sistema educativo y aseguró que históricamente no se registraban remuneraciones tan devaluadas. Desde el gremio remarcaron la urgencia de aplicar plenamente la Ley de Financiamiento Universitario, precisando que el desfasaje acumulado sobre los sueldos de junio llega al 28%. Asimismo, la dirigencia contrapuso las dietas de los legisladores nacionales —con incrementos que superan los $10.000.000— frente al ingreso promedio de los trabajadores estatales, situado cerca de $1.500.000, advirtiendo que este desajuste debilita el consumo interno y afecta al comercio local.
Por el lado de los trabajadores municipales, el Secretario General del SEOM, Sebastián López, confirmó el rechazo rotundo al aumento del 4% propuesto por el Gobierno provincial. El referente sindical explicó que el sueldo inicial del sector apenas cubre el 50% de la Canasta Básica Total, por lo que exigieron que el haber de ingreso equipare dicho indicador y se actualice periódicamente según el índice inflacionario. Además, cuestionó el malestar generado por el alza en los servicios esenciales, en particular las tarifas de energía eléctrica, un tema que será evaluado por las bases en las próximas reuniones gremiales.
Finalmente, las conducciones sindicales de los 100.000 empleados públicos de la provincia cuestionaron duramente las prioridades financieras del Poder Ejecutivo. Ante las versiones sobre la asignación de recursos presupuestarios para un eventual desdoblamiento de las elecciones locales, los gremialistas argumentaron que si existen fondos para afrontar ese despliegue electoral, debe haber partidas disponibles para recomponer los salarios de la administración pública. Con esta jornada de protesta, el frente estatal dejó en claro que la resolución del conflicto salarial depende fundamentalmente de una decisión política del Gobierno provincial.
