Tras las protestas policiales el Gobierno Provincial decidió tomar medidas drásticas y presentó una denuncia penal contra los manifestantes que causaron daños en el edificio gubernamental.
La Justicia inició una investigación de oficio para determinar las responsabilidades materiales de los ataques contra la institución. Según fuentes oficiales, ya se han identificado a personas involucradas en los incidentes gracias a registros de cámaras de seguridad y vídeos.
El Gobierno de Jujuy denunció que los actos de vandalismo y caos fueron premeditados y ejecutados por sectores que carecen de representatividad. En un comunicado, las autoridades han expresado que no permitirán que intereses minoritarios pongan en jaque la paz social.
A pesar de la gravedad de los hechos, se destaca que no hubo enfrentamientos directos entre los elementos de las fuerzas de seguridad. La investigación se centrará ahora en el análisis de las pruebas para aplicar sanciones pertinentes.
La mesa de diálogo salarial intenta rearmarse, pero la sombra de la judicialización planea sobre los manifestantes. El Gobierno ha expresado su compromiso con el diálogo y la continuidad de las mesas de trabajo con los representantes de los familiares del personal de seguridad.
Mientras tanto, los efectivos policiales y sus familiares siguen exigiendo respuestas a sus demandas salariales. La situación sigue tensa en Jujuy, con la posibilidad de nuevas protestas y medidas de fuerza.
