El malestar ha vuelto a instalarse en las fuerzas de seguridad de la provincia de Jujuy debido a una serie de irregularidades detectadas en las liquidaciones de haberes.
Efectivos del sector han alzado la voz para exponer públicamente la aplicación de severas y sorpresivas reducciones en sus ingresos, una problemática que afecta de igual manera tanto a los agentes en funciones como al personal que ya se encuentra en situación de retiro, pertenecientes tanto a la Policía local como al Servicio Penitenciario provincial. Esta situación reaviva un conflicto latente que meses atrás ya había provocado fuertes disputas y semanas de intensas manifestaciones por parte de familiares y centros de retirados ante las asimetrías detectadas en los pagos gubernamentales.
Las quitas salariales denunciadas en esta oportunidad han impactado de forma directa en los salarios correspondientes a los meses previos y en el cobro del medio aguinaldo, con montos de deducción que varían entre los $100.000 y los $250.000 por trabajador. Cristian Vargas, un efectivo retirado que expuso la problemática en declaraciones a Radio 2, puntualizó que hasta el momento no se ha emitido ningún tipo de informe o aclaración institucional por parte del Ministerio de Hacienda, de la Jefatura de la Policía ni de la Secretaría de Seguridad para justificar estos recortes. Asimismo, remarcó que un incremento de $80.000 otorgados hace tres meses se distribuyó con criterios discrecionales que beneficiaron solo a determinadas áreas y que jamás llegó a unificarse para el conjunto de los agentes.
El vocero de la protesta también dirigió sus críticas hacia los espacios de negociación preexistentes, señalando que la mesa de trabajo o comisión mixta que se había constituido formalmente para canalizar las demandas salariales dejó de funcionar abruptamente, sin haber alcanzado a rubricar ningún tipo de acta o compromiso por escrito. Según explicó el propio Vargas, el personal que actualmente se encuentra prestando servicios activos prefiere llamarse al silencio y evitar sumarse de forma abierta a las protestas debido al temor generalizado a sufrir persecuciones internas o medidas punitivas, un clima de recelo que se vio fuertemente profundizado tras la detención de un agente ocurrida algunos meses atrás en el marco del mismo conflicto.
Frente a la falta de respuestas oficiales y ante el delicado panorama financiero que atraviesan los hogares de los afectados, el grupo de policías retirados y los familiares autoconvocados se encuentran organizando una estrategia legal. Con el asesoramiento y el respaldo de profesionales del derecho, este colectivo trabaja activamente en la confección de una presentación formal que será radicada de manera inminente ante las autoridades del Ministerio de Hacienda de Jujuy, con el objetivo de exigir explicaciones técnicas y transparentes sobre el origen de los descuentos aplicados.
