La lucha contra el narcomenudeo en San Salvador de Jujuy sumó un resultado contundente tras la culminación de una investigación iniciada el año pasado.
Bajo la supervisión de la agente fiscal Angélica Griselda Solís y con la autorización del Juez Pablo Martín Pullen Llermanos, el pasado 21 de abril se desplegó un dispositivo de seguridad que involucró a la Agencia Provincial de Delitos Complejos y a la Dirección de Narcotráfico. Las tareas de inteligencia, que incluyeron seguimientos y vigilancias prolongadas, permitieron desarticular una red de comercialización que operaba en distintos puntos de la ciudad, culminando con la detención de un hombre y una mujer.
El procedimiento principal se desencadenó alrededor de las 17:10, cuando las fuerzas de seguridad interceptaron el automóvil donde se trasladaban los sospechosos. A pesar de que el conductor intentó evadir el cerco policial mediante una arriesgada maniobra en reversa, el personal actuante logró reducirlo de inmediato junto a su acompañante. En la requisa inicial del rodado, los efectivos hallaron los primeros indicios delictivos: más de 3 kilogramos de marihuana, dosis de pasta base, una suma superior a los $60.000 y divisas extranjeras, entre las que se identificaron dólares y wons, procediéndose además al secuestro del vehículo.
Tras estas detenciones, la justicia ordenó el allanamiento simultáneo de inmuebles en los barrios Cuyaya y El Paraíso. En estas propiedades, los uniformados descubrieron el grueso del cargamento, incautando otros 6.6 kilogramos de marihuana y cerca de 240 gramos de clorhidrato de cocaína. Con estos hallazgos, el pesaje total del operativo superó los 10 kilos de estupefacientes, marcando un hito en las acciones contra el narcomenudeo local previstas en la Ley Nº 23.737, específicamente en lo referido a la tenencia con fines de comercialización.
El registro de las viviendas no sólo permitió el decomiso de drogas, sino que sacó a la luz una sofisticada logística para el procesamiento y control de la actividad. Se secuestraron cuatro balanzas de precisión, elementos de fraccionamiento, siete teléfonos celulares y tecnología de vigilancia que incluía cámaras y un drone. Además, se encontró evidencia de una gestión financiera organizada, al hallarse una máquina contadora de billetes, un posnet, tarjetas bancarias y un monto total en efectivo que ascendió a los $970.100, sumado a una cantidad no especificada de pesos bolivianos.
Desde el Ministerio Público de la Acusación destacaron que el éxito de estas actuaciones refuerza la importancia del compromiso civil a través de los canales de denuncia anónima, ya sea vía web o mediante los buzones físicos distribuidos en la provincia. Mientras los dos implicados permanecen a disposición de la justicia, este operativo se integra a la estadística anual que ya registra una intensa actividad judicial en la materia. De esta manera, las autoridades reafirman su postura frente a las infracciones de la ley de estupefacientes, utilizando herramientas tecnológicas y de inteligencia para desmantelar los centros de distribución en los barrios periféricos y céntricos de la capital.
