Docentes universitarios anunciaron la cuarta Marcha Federal Universitaria, programada para el próximo 12 de mayo.
La convocatoria, impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional junto a gremios docentes, nodocentes y agrupaciones estudiantiles, surge como respuesta directa al incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario 27.795. Bajo la consigna de proteger la educación pública y la ciencia nacional, la comunidad académica busca repetir la masividad de las manifestaciones previas, exigiendo que el Poder Ejecutivo respete la normativa que garantiza partidas presupuestarias actualizadas y el sostenimiento de las becas y salarios.
La disputa legal en torno a la Ley 27.795 ha alcanzado niveles críticos de tensión institucional. Aunque la normativa fue inicialmente vetada por la Presidencia, el Congreso logró ratificarla con la mayoría especial de dos tercios, otorgándole plena vigencia. Pese a que la Justicia ordenó en dos instancias la aplicación inmediata de la ley para mitigar el impacto inflacionario en las casas de altos estudios, el Gobierno Nacional ha decidido elevar el conflicto a la Corte Suprema. El argumento oficial sostiene que la ley carece de una fuente de financiamiento clara, una postura que la Cámara ya tildó de absurda, pero que le sirve al Ejecutivo como estrategia para dilatar la transferencia de fondos esenciales mientras el máximo tribunal delibera.
En el plano laboral, la situación de los trabajadores universitarios atraviesa un deterioro histórico que se profundizó este lunes con la aplicación de un incremento salarial unilateral del 1,7%. Los gremios denuncian que esta medida, tomada sin negociación paritaria, agrava una pérdida del poder adquisitivo que ya suma 17 meses consecutivos de caída. Las estadísticas son alarmantes: solo en 2025 se registró un descenso de 35 puntos, mientras que durante el 2024 los haberes permanecieron congelados frente a una inflación del 118%. En términos acumulados, el deterioro de 141 puntos en los últimos dos años equivale, simbólicamente, a que los trabajadores hayan desempeñado sus tareas sin cobrar durante siete meses, situando sus ingresos en niveles comparables a la crisis del año 2002.
El impacto del ajuste no solo afecta los bolsillos de los trabajadores, sino que compromete la infraestructura mínima necesaria para el dictado de clases. Según datos proporcionados por el Consejo Interuniversitario Nacional, los fondos destinados a gastos operativos y servicios básicos han sufrido un recorte del 45% en el último bienio. Este estrangulamiento financiero limita severamente las actividades de investigación, las tareas de extensión comunitaria y la calidad del cursado diario en todas las provincias. Las universidades denuncian que el contexto actual hace inviable la planificación académica a mediano plazo debido a la incertidumbre sobre la cobertura de los costos operativos elementales.
