Una severa crisis institucional sacude al municipio de Fraile Pintado tras la presentación de un paquete de denuncias contra el Intendente José Cardozo y diversos integrantes de su gabinete.
La Presidenta del Concejo Deliberante de la localidad, Melisa Russito, se personó en la sede de la Legislatura provincial junto a referentes de organizaciones de apoyo para exponer un cuerpo de al menos ocho acciones legales formalizadas por empleadas comunales. Las presentaciones tramitan en la esfera judicial e involucran acusaciones que van desde el acoso sexual y proposiciones indecorosas hasta violencia de género, agresiones psicológicas, persecución en el ámbito de trabajo y despidos sin justificación.
Entre los testimonios más gravosos elevados a la Justicia destaca el expediente de una trabajadora municipal que debió solicitar medidas de restricción perimetral contra el Jefe comunal luego de rechazar sus abordajes, situación que devino en el formateo forzado de su teléfono personal y en el cese de sus funciones. Asimismo, se documentó el caso de Amanda Mendoza, personal de planta permanente con una década de antigüedad, quien sufrió continuos hostigamientos, quitas en sus haberes salariales y la apertura de un sumario administrativo tras negarse a los requerimientos inapropiados por parte de funcionarios del círculo de Cardozo.
La gravedad del escenario impulsó la reacción del cuerpo legislativo municipal, donde una mayoría compuesta por cuatro de los seis concejales se encuentra articulando las medidas para promover la apertura de un juicio político contra el Intendente. Este procedimiento de destitución se suma a una serie de reclamos acumulados durante el último año y medio, en el cual se emitieron más de cincuenta requerimientos formales de información parlamentaria orientados a fiscalizar la gestión, los cuales no registraron contestación alguna por parte de las autoridades del Ejecutivo local.
Ante la falta de pronunciamiento público del mandatario comunal, la titular del órgano deliberante recriminó el desapego a las facultades de control del cuerpo normativo y el silencio mantenido por la intendencia frente a las reiteradas citaciones interpuestas. La edil remarcó la necesidad de visibilizar la situación a nivel provincial en amparo de las damnificadas, al tiempo que remarcó que las maniobras de acoso e intimidades indebidas no responden a un hecho aislado, sino a una conducta reiterada por parte del máximo responsable de la administración municipal y su entorno legislativo.
