La empresa de energía eléctrica EJESA está en el ojo de la tormenta en Jujuy debido a los reiterados cortes del servicio y los elevados costos de las tarifas, que están experimentando aumentos.
La asociación de defensa del consumidor PROCONSUMER denunció que los incrementos de la tarifa de energía eléctrica autorizados por Nación suelen ser superiores en Jujuy.
La abogada de PROCONSUMER, Claudia González, explicó que los aumentos de servicios en Jujuy se componen de un incremento local inicial y el aumento nacional dictado por Nación, que afecta un tercio de la factura total. Criticó la maniobra de aumentar primero ligeramente para ocultar el impacto total del incremento nacional, que no siempre está justificado.
EJESA incumplió gravemente su plan de inversiones acordado a cambio de una modificación tarifaria, culpando a factores financieros externos. La compañía fue sancionada recientemente por esta razón. González remarcó que los usuarios deben reclamar de forma inmediata ante cualquier corte de servicio, incluso si es causado por tormentas, ya que la empresa es responsable y contractual de la continuidad.
La defensora de consumidores también destacó que EJESA es el único ente ante el cual los usuarios tienen contrato directo para reclamos, no pudiendo dirigirse a la transportista Transnova. Sin embargo, el secretario de Energía, Mario Pizarro, demandó a González por “daño moral” por sus expresiones públicas, lo que generó críticas.
La situación generó un llamado a la acción para que los usuarios se unan y exijan respuestas a la empresa y al gobierno. La asociación PROCONSUMER sigue trabajando para defender los derechos de los consumidores y exigir que se respeten las normas y regulaciones vigentes.
La falta de controles reales de parte del ente gubernamental encargado es un tema que preocupa a la asociación. Es importante que se tomen medidas para garantizar que las empresas de servicios públicos cumplan con sus obligaciones y brinden un servicio de calidad a los usuarios.
La situación en Jujuy es un ejemplo de la necesidad de una mayor regulación y control sobre las empresas de servicios públicos para proteger a los consumidores.
