Nuevas medidas cautelares fueron dictadas en el marco de la causa judicial por las irregularidades en la obra pública conocida como Vialidad.
El Tribunal Oral Federal Número 2 dispuso el embargo preventivo sobre diversos bienes de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, entre los que figura el departamento ubicado en la calle San José 1111 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lugar donde la exmandataria cumple su pena de 6 años bajo la modalidad de prisión domiciliaria.
La resolución de los magistrados Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso busca resguardar activos frente al perjuicio económico ocasionado al Estado nacional, el cual fue calculado en $685.000.000.000. Desde el tribunal aclararon que la medida no genera el remate automático ni modifica la titularidad de los inmuebles, sino que restringe su disponibilidad jurídica para impedir eventuales transferencias o gravámenes mientras avanza la tramitación del decomiso definitivo.
Esta decisión responde al pedido formulado en el mes de febrero por los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, configurando una segunda etapa de aseguramiento de bienes tras una primera fase que afectó a 111 propiedades que actualmente se encuentran bajo proceso de tasación. El fallo extendió el alcance de las restricciones a activos pertenecientes a las empresas Los Sauces y Hotesur, compuestas por acciones de Máximo y Florencia Kirchner, al considerarse probado que las maniobras delictivas produjeron ventajas financieras indirectas para la familia, sustentadas en los alquileres y explotaciones hoteleras efectuadas por firmas del empresario Lázaro Báez.
Entre los inmuebles alcanzados en la Capital Federal se encuentran un departamento, un dúplex, una baulera y 7 espacios de estacionamiento situados en el Complejo Madero Center de Puerto Madero. En cuanto a la provincia de Santa Cruz, las cautelares recayeron sobre el terreno donde opera el Hotel La Aldea del Chaltén, la residencia particular de la ex jefa de Estado sobre la avenida Costanera Presidente Néstor Kirchner en El Calafate, otras propiedades situadas en Río Gallegos sobre las calles Alvear, Moreno, 25 de Mayo y Mascarello, y 3 unidades en el departamento de Lago Argentino.
El accionar judicial incluyó asimismo predios vinculados a las constructoras Kank y Costilla y Loscalzo y Del Curto en las provincias de Santa Cruz y Chubut, una propiedad del empresario Báez en la calle Asturias de Río Gallegos, terrenos en la zona de Alto Río Senguer y 2 inmuebles pertenecientes al exfuncionario José López en la localidad de Chicligasta, provincia de Tucumán. Se dispuso además la traba sobre cocheras e inmuebles situados en la provincia de Córdoba.
En lo relativo a bienes muebles, la magistratura dictó la reinscripción de embargos sobre una camioneta Honda CR-V de Fernández de Kirchner; un Ford Mondeo, un BMW 630, un Chrysler Coupe y un Torino pertenecientes a Báez; un Chevrolet Meriva y una embarcación con motor de marca Yamaha propiedad de López; una camioneta Land Rover Defender de Mauricio Collareda; un vehículo Dodge Journey perteneciente a José Raúl Santibáñez y un Fiat 600 a nombre de Nelson Periotti.
Finalmente, los jueces emitieron una intimación con un plazo de 24 horas al Banco Galicia para que brinde detalles sobre el estado de 2 cuentas bancarias —una en moneda nacional y otra en moneda extranjera— y 1 caja de seguridad perteneciente a Florencia Kirchner. La solicitud judicial busca incorporar al proceso de recuperación los US$5.656.134 que la hija de la expresidenta mantiene preventivamente inmovilizados en dicha entidad bancaria.
