La familia de Ayelén Gisela Ríos radicó una denuncia penal en el ámbito judicial de la provincia de Jujuy para esclarecer las circunstancias de la atención brindada a la joven durante su estadía en el Hospital Materno Infantil.
La joven, que atravesaba un estado de gestación avanzado correspondiente a 38 semanas de embarazo, sufrió la pérdida de su hijo recién nacido, a quien sus allegados llamaron Salvador. A pesar del trágico fallecimiento del bebé, la madre continúa internada en dicho centro asistencial bajo observación médica, mientras sus seres queridos exigen conocer el procedimiento aplicado por el personal de salud.
Frente a este escenario, el abogado patrocinante de la familia, Carlos Espada, comunicó a los medios de comunicación que la querella busca determinar si existió un accionar imprudente o faltas a los protocolos asistenciales profesionales que desencadenaron este fatídico desenlace. De acuerdo a lo manifestado por el letrado, la mujer acudió a la guardia médica manifestando un sangrado evidente, contexto en el cual, según la versión de los demandantes, el personal del nosocomio omitió activar los códigos de urgencia previstos para casos de alto riesgo tanto para la vida del feto como para la integridad de la madre.
Entre los puntos centrales expuestos por la representación legal, se resalta una dilación prolongada en los tiempos de respuesta del centro de salud. Según los datos aportados por los familiares, transcurrieron cerca de 4 horas desde la llegada de la paciente hasta el momento en que finalmente fue trasladada al área quirúrgica. Además, los allegados relataron situaciones complejas ocurridas durante la espera, señalando que la joven sufrió descompensaciones y pérdidas hemorrágicas continuas mientras solicitaba asistencia médica sin obtener una respuesta inmediata por parte de la guardia.
El equipo legal confirmó que formalizará el pedido de la historia clínica completa de la paciente para analizar las actuaciones junto a profesionales de la medicina y determinar las falencias del procedimiento. Si bien el abogado enfatizó que no es posible catalogar prematuramente los hechos como un delito determinado, remarcó con firmeza que los indicios apuntan a una conducta con faltas de imprudencia e impericia médica que deben ser investigadas en profundidad por las autoridades judiciales para transparentar lo ocurrido dentro de la institución de salud.
