Un sector de la docencia jujeña volvió a manifestar su profunda preocupación frente a la prolongada parálisis institucional que atraviesa la Asociación de Educadores Provinciales (ADEP).
La falta de un llamado a comicios para regularizar el gremio ha desencadenado severas críticas dirigidas hacia la conducción provisional que se encuentra al frente de la entidad. Integrantes del espacio disidente El Hormiguero Docente señalaron públicamente que la falta de renovación de autoridades responde a una estrategia deliberada de postergación, la cual contaría con el respaldo explícito de la administración provincial para mantener el control de la estructura sindical.
La controversia se profundizó tras conocerse el rechazo por parte de las autoridades electorales a nivel nacional frente a las impugnaciones impulsadas sobre el proceso comicial de CTERA. Las entidades nacionales argumentaron que las objeciones debieron canalizarse formalmente ante las dependencias locales; sin embargo, los referentes opositores remarcaron que dichas sedes se mantuvieron sin atención al público durante la jornada de votación y la jornada posterior. A esta irregularidad se añade que la gestión de la Junta Provisoria ya superó el año de permanencia desde su asunción a fines de agosto del año pasado, sobrepasando los plazos estipulados sin que hasta el momento se observe voluntad real de convocar a las urnas.
Teniendo en cuenta los lapsos de tiempo reglamentarios requeridos para un proceso electoral transparente —los cuales exigen aproximadamente un trimestre de antelación desde su publicación en medios impresos—, los referentes gremiales dan por descartada la posibilidad de una normalización institucional en el transcurso de los próximos meses. Desde el sector docente denunciaron que se han agotado múltiples canales formales y legales, extendiendo solicitudes con respaldo de firmas, correspondencia notarial y petitorios de dimisión dirigidos a las autoridades provisionales. A pesar de estos requerimientos formales, las demandas no han recibido ningún tipo de contestación ni apertura hacia una instancia de diálogo.
El conflicto institucional cobra una dimensión mayor al apuntar hacia la fiscalización y destino de las cuotas sindicales que aportan los trabajadores. Los grupos disidentes sostienen que el Poder Ejecutivo provincial mantiene el manejo de los fondos gremiales sin el consentimiento ni la representación de una junta legitimada por el voto democrático. En este marco, la oposición gremial advierte que la contienda excede el marco del propio sindicato para convertirse en un reclamo directo contra la injerencia estatal, ratificando al mismo tiempo que mantendrán la movilización colectiva con el fin de restituir la institucionalidad en la organización docente.
