La última sesión ordinaria del Concejo Deliberante de la ciudad de Perico se vio fuertemente sacudida por las declaraciones vertidas a través de la herramienta de participación ciudadana conocida como “Banca 9”.
En esta oportunidad, una profesional de la enfermería llamada Mariana Farfán, quien además es madre de un menor con una enfermedad crónica, utilizó el espacio legislativo para visibilizar una grave situación de precarización. La trabajadora expuso que fue empleada por la administración local en diversos operativos de salud y campañas proselitistas bajo la promesa de una futura reincorporación; sin embargo, denunció haber sido víctima de falsas garantías y de un destrato político que finalmente la dejó sin su fuente de sustento laboral en la vía pública.
A raíz de estos testimonios y del reclamo de otros residentes, la concejal periqueña Anahí Juárez alzó la voz para denunciar la existencia de un entramado que calificó directamente como “esclavitud laboral estatal” dentro del ámbito municipal. La legisladora detalló que se constató el caso de siete personas que cumplieron funciones de forma gratuita durante un periodo de entre dos y tres años, acatando directrices de funcionarios de alto rango. Según Juárez, desde el inicio de la actual gestión del intendente en diciembre de 2023, se sumaron más de 200 operarios mediante la promesa de otorgarles contratos formales, exigiéndoles cumplir jornadas completas, incluso en días feriados, dentro de sectores críticos como la recolección de residuos y las tareas de barrido. Ante el inicio de demandas civiles y denuncias penales en el Ministerio Público de la Acusación, la edil advirtió que estas irregularidades desatarán juicios millonarios que terminarán perjudicando las finanzas públicas y el bolsillo de los contribuyentes.
El debate en el recinto legislativo también abarcó fuertes tensiones políticas internas entre los miembros del cuerpo deliberativo. Juárez informó que se remitió a la Comisión de Institucionales una presentación formal en contra del concejal Pascual Ficoseco, hijo del jefe comunal, otorgándole un plazo de 30 días para que demuestre con pruebas una acusación previa en la que señalaba a Juárez y a su par, la concejal Sánchez, de haber proferido amenazas contra una denunciante. Esta disputa añade un componente de confrontación directa en medio de un escenario institucional ya desgastado por las acusaciones de abusos laborales y falta de transparencia en la administración de los recursos del municipio.
Por otra parte, el cuerpo de concejales determinó el rechazo del presupuesto enviado por el Poder Ejecutivo local, fundamentando la decisión en que la documentación fue ingresada fuera de los plazos legales establecidos, exhibía un desbalance financiero considerable y carecía de partidas elementales como las recategorizaciones del personal de la comuna. Para finalizar, la concejal Juárez remarcó que los balances presentados por el intendente ante la Auditoría de la Provincia todavía no cuentan con el aval correspondiente, al mismo tiempo que recordó la existencia de denuncias previas vinculadas a la contratación directa de productoras inexistentes que presuntamente mantienen lazos de parentesco con funcionarios del área de Cultura.
