La oposición denuncia que el debate en torno a los tarifazos de la empresa EJESA se encuentra paralizada en la Legislatura Provincial.
Según advirtió públicamente el Diputado del Frente de Izquierda, Gastón Remy, el oficialismo parlamentario está implementando una maniobra para dilatar la discusión de los proyectos de emergencia tarifaria, postergando cualquier definición hasta después del receso invernal. A pesar de los compromisos asumidos durante la última sesión a instancias del bloque justicialista, las comisiones ni siquiera mantuvieron encuentros durante la presente semana, lo que estiraría el tratamiento de la problemática de fondo de manera alarmante hasta el mes de agosto, debido al inminente esquema de vacaciones y los días feriados.
La inacción en la denominada Casa de Piedra contrasta fuertemente con un malestar vecinal en franco ascenso, motivado por la detección de presuntos cobros indebidos y adicionales millonarios incorporados en las boletas jujeñas, donde las tasas e impuestos autorizados por la Superintendencia de Servicios Públicos (SUSEPU) alcanzan a representar hasta un 45% del monto total. Ante esta crítica realidad, las iniciativas legislativas presentadas contemplan la declaración de la emergencia tarifaria en todo el territorio. Entre los puntos principales, se propone vedar por un lapso de dos años la interrupción del suministro eléctrico por motivos de mora, falta de pago o deudas acumuladas, extendiendo este beneficio de protección inclusive a aquellos usuarios que ya posean avisos de corte vigentes o que hayan sufrido la suspensión efectiva del servicio.
En sus declaraciones, Remy apuntó sus cuestionamientos no solo contra la prestadora privada sino también contra el rol que desempeña la SUSEPU. El legislador opositor cuestionó que la intención oficial se limite a coordinar reuniones exclusivas con la firma energética, omitiendo intencionalmente citar al ente regulador, cuyos directivos son nombrados de manera directa por el propio poder legislativo. Al respecto, definió al organismo de control como una estructura ineficiente que no cumple con sus obligaciones de supervisión y sugirió un cambio drástico de paradigma, sugiriendo que la fiscalización de los balances financieros y los cuadros de tarifas se realice de forma transparente y digital por parte de los propios trabajadores y usuarios mediante una plataforma web.
Para el referente de la izquierda, la resolución definitiva de este conflicto estructural exige retrotraer de manera inmediata las subas aplicadas, reintegrar los fondos mal cobrados a los hogares y avanzar decididamente hacia la estatización de EJESA, firma a la que describió como una corporación privada con tarifas dolarizadas que reporta ganancias anuales a costa de un recurso esencial de la población. Frente al estancamiento institucional que se vive dentro del parlamento, el diputado instó a la comunidad a volcarse a una gran movilización popular en las calles, buscando amplificar el impacto del reclamo masivo y respaldar activamente las más de 11.000 firmas que los distintos sindicatos locales ya recolectaron y presentaron formalmente con el fin de revisar el contrato de concesión.
